Colombia: los casos judiciales más grandes en los que investigan a Álvaro Uribe

La justicia colombiana volvió a abrir una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más influyentes del país en las últimas décadas, que gobernó el país sudamericano entre 2002 y 2010, y desde 2014 oficia como senador en el Congreso. Esta vez fue por las denuncias periodísticas que señalan que hubo dineros ilícitos en la campaña electoral del actual presidente Iván Duque, uno de los ahijados políticos de Uribe que pertenece al Centro Democrático, partido político de derecha que fundó Uribe.

Aunque la indagación que le comenzaron a Uribe es tan solo el primer paso para decidir si se abre o no una investigación formal, no es la primera vez que está involucrado en un caso judicial. De hecho, medios locales afirman que la Corte Suprema de Justicia, el máximo ente judicial de Colombia, tiene en sus manos casi 30 procesos en los que se acusa a Uribe; mientras que la comisión encargada de investigar a los altos funcionarios del Estado cuenta con más de 50 investigaciones en contra del exmandatario. El expresidente no ha sido condenado en ninguno de los casos. 

Las pesquisas incluyen desde injerencia de hackers en campañas electorales, hasta homicidios y masacres cometidas por grupos paramilitares. Además, hay investigaciones desde que Uribe fue gobernador del departamento colombiano de Antioquia a finales de los años 90, hasta sus intervenciones actuales como senador. 

De todo este panorama judicial, hay por lo menos tres casos que han sido los más sonados en contra del expresidente. Una de las particularidades que comparten estos procesos es que la magistrada y militar Cristina Lombana ha participado en todos, aunque se tuvo que retirar de dos de ellos por haber pertenecido al Ejército colombiano y por haber trabajado con uno de los abogados principales de Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema.

Los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo: uno de los casos madre

Uno de los mayores casos judiciales en los que Álvaro Uribe está siendo investigado y por el que han surgido otros procesos sonados en su contra es el de tres matanzas cometidas por paramilitares y un homicidio. 

La Corte Suprema de Justicia investiga las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, que fueron perpetradas por el grupo paramilitar e ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de ese departamento. Además, el proceso también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien fue una de las primeras personas en denunciar la participación del Ejército en dos de estas masacres.

Las primeras declaraciones que involucran a Uribe en este caso son de 2008. Varios exparamilitares afirmaron que el entonces gobernador los ayudó a planear los hechos que dejaron más de 20 muertos. Puntualmente, la Comisión Colombiana de Juristas señala que el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso, aseguró que Uribe tenía conocimiento de la masacre que los paramilitares perpetraron en El Aro, que su Secretario de Gobierno estuvo con el grupo armado ilegal durante los hechos, y que el Ejército colombiano los ayudó.

Otro exparamilitar de menor rango, Francisco Villalba, sostuvo que Uribe habría participado de principio a fin en la masacre, pues según él, el entonces gobernador estuvo en una reunión en la que se planeó el ataque y posteriormente felicitó a los armados porque “la operación había sido un éxito”. Un año después de sus denuncias, Villalba fue asesinado en un lugar cercano a Medellín, donde pagaba su condena de casa por cárcel. 

Sin embargo, la denuncia persiste, por lo que Uribe ha desestimado en múltiples ocasiones la declaración del mercenario aduciendo varias inconsistencias, como que Villalba se equivocó al señalar cuál era la fecha de la masacre. El hoy senador también dijo que él no asistió a la planeación de la matanza y que la Policía le aseguró en su momento que la muerte de Villalba era “un ajuste de cuentas entre criminales”.

En cuanto al homicidio, Uribe ha dicho que él estaba en la Universidad de Oxford cuando un grupo ilegal mató al abogado Valle, por lo que sostiene que no lo pueden relacionar con el caso. 

La investigación judicial ha continuado con diferentes altibajos. Varias pruebas contra Uribe se extraviaron en 2014, y la investigación estuvo durante un tiempo en manos de Cristina Lombana, una magistrada y militar del Ejército colombiano que tuvo que dejar el proceso en manos de un togado civil.

En 2018, la Corte Suprema le dio un giro al caso al declarar las tres masacres y el homicidio como delitos de lesa humanidad. En la práctica, esto le da todo el tiempo necesario para aclarar qué sucedió, pues la decisión impide que los casos prescriban. Actualmente, el caso sigue en investigación. 

De paramilitares a manipulación de testigos

Del caso grande sobre los eventuales vínculos entre el político y los paramilitares, se desprende la única investigación por la que un expresidente ha sido llamado a indagatoria en Colombia, que es el proceso en el que la Justicia escucha a una persona para decidir si lo vincula formalmente o no a un proceso judicial.

Desde 2018, la Corte Suprema investiga a Uribe por presuntamente manipular a varios exparamilitares para que cambiaran sus versiones. Todo comenzó en 2012 cuando el senador de oposición Iván Cepeda le hizo un debate de control político a Uribe, en el que presentó las declaraciones de varios exparamilitares que aseguraban que el expresidente y su hermano Santiago Uribe habían fundado una organización que perteneció a las AUC. 

Uribe denunció al senador por usar testimonios falsos y abusar de sus funciones como congresista por ir a la cárcel a recolectar las evidencias. Sin embargo, seis años después la Corte Suprema cerró el proceso en contra de Cepeda y, en cambio, comenzó a investigar al expresidente bajo los cargos de fraude procesal y manipulación de testigos. 

El testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que afirma que los abogados del exmandatario intentaron convencerlo de cambiar su testimonio. Monsalve ha dicho que los hermanos Uribe crearon el grupo armado en el que él militó, y que además conoce al expresidente, pues es el hijo del mayordomo de una de sus fincas. Al igual que la mayoría de los 42 testigos, es un criminal convicto que ha dado sus declaraciones desde la cárcel. 

Todos los señalamientos hicieron que la Corte Suprema llamara a indagatoria a Uribe el 8 de octubre de 2019. Ese día, el exmandatario y senador entró al edificio judicial en medio de los aplausos de sus seguidores y de las arengas en su contra.

Durante las más de siete horas que duró el proceso, Uribe se defendió. Sobre las pruebas de que uno de sus abogados le dio dinero a dos reos, el congresista dijo que no sabía que eso había ocurrido y que su apoderado indica que los pagos fueron por “razones humanitarias”.

Uribe también se quejó de las más de 20.000 interceptaciones que según él han hecho a su celular y de las transcripciones alteradas que han usado como prueba en el proceso de manipulación de testigos. De paso, se refirió a otros casos en los que está investigado, como el de la masacre de El Aro, sobre el que dijo que los episodios que narraban los testigos eran fantasías. Anteriormente, el senador también había desestimado la legitimidad del testigo.

Al igual que la investigación por los nexos con el paramilitarismo, este caso también estuvo en las manos de la magistrada Lombana. Sin embargo, en 2019 la Justicia la retiró del proceso por tener un impedimento tras haber pertenecido a las Fuerzas Militares, de las que Uribe fue comandante en jefe durante sus ocho años de presidencia. 

El espionaje contra el proceso de paz que estaría ligado al uribismo

Un escándalo político estalló hace seis años en plenas elecciones presidenciales y durante el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. La revista Semana denunció que una oficina liderada por el hacker Andrés Sepúlveda interceptaba los celulares y los correos electrónicos de los negociadores de paz que representaban al Gobierno. 

Una vez capturado, Sepúlveda le dijo a la Justicia que su objetivo era darle esa información a la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga para que ellos pudieran deslegitimar la reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos, a quien Uribe le hizo oposición durante sus dos mandatos entre 2010 y 2018. 

Además, el hacker condenado por espionaje dijo que fue la corriente política de Uribe la que le dio instrucciones para afectar el proceso de paz y añadió que los militares que no apoyaban las negociaciones en La Habana le compartían información secreta y clasificada al expresidente. 

Uribe denunció a Sepúlveda por injuria y calumnia. Además, el senador sostiene desde 2014 que fue la campaña de Santos la que hizo todo un montaje con el hacker para desprestigiar la candidatura que el uribismo terminó perdiendo. 

Actualmente, la Corte Suprema y especialmente la magistrada Lombana tienen en sus manos el caso en el que se indaga si hubo o no una relación entre Uribe y Sepúlveda.