Gobierno autista

El jueves entraron las siguientes informaciones al chat del grupo Defendamos la Paz, en el que participan desde parlamentarios de Cambio Radical, los partidos de la U, Liberal, Verde, Polo Democrático, Farc, y los movimientos En Marcha, Colombia Humana, Decentes, hasta líderes sociales, víctimas, artistas, intelectuales, empresarios, columnistas, exministros, etc.:

1. Las autoridades en Tuluá reportaron el asesinato del líder social José Arled Muñoz Giraldo, quien era desplazado del municipio de Belén de Umbría (Risaralda). Giraldo llegó en el 2012 a Tuluá luego de haber sido víctima de un atentado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El dirigente era, además, parte de la Mesa Municipal de Víctimas y desde allí defendía los derechos de las personas en situación de discapacidad producto del conflicto armado. Sin embargo, a raíz de su trabajo social, empezó a reportar diferentes amenazas.

2. En zona rural de Montelíbano, Córdoba, fue hallado con señales de tortura y las manos atadas a la espalda, el cadáver del campesino Manuel Gregorio González Segura, beneficiario del Pnis, quien había desaparecido desde el pasado miércoles. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, de la que González era miembro, denunció que algunas de sus pertenencias fueron regresadas, al parecer, por un hombre que pertenecería al Clan del Golfo.

3. Amenazan de muerte a Yaneth Mosquera, líder social elegida como mujer Cafam en 2007. Lo hicieron a través de un panfleto firmado por las denominadas Águilas Negras, donde la declararon objetivo militar. Según el comunicado, los líderes de las comunidades negras estarían poniendo trabas al proceso de construcción de la doble calzada Popayán - Santander de Quilichao. “Es mejor que se vayan porque los vamos a acabar con hijos y todo”, dice el comunicado. “Les repetimos: la doble calzada va porque a nosotros nos pagan para sacarlos del camino, señora Yaneth Mosquera”.

Y así ocurre siempre. A ese chat nos llegan dos o tres reportes diarios de asesinatos y amenazas de líderes, como nos llegó ese comunicado macabro en el que se anunciaba que en Tierralta, Córdoba, iban a matar a la “mujer del chatarrero”. Y a María del Pilar Hurtado la mataron días después, ante la mirada aterrada de su niño que daba alaridos de dolor.
Y ahora esperamos que ¡el Estado haya tomado medidas para que no maten a Yaneth Mosquera!

Pero es que el Estado parece impotente ante lo que ocurre. O, más bien, parece completamente ausente de la situación. Por ejemplo, El Espectador del viernes publicó un informe en el que queda claro que las distintas instancias del gobierno, en lugar de actuar ante las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo, más bien se dedican a controvertirlas. Y mientras discuten o se hacen los ciegos, matan a los líderes.

De hecho, según la Defensoría, el 80% de los homicidios se han presentado en municipios advertidos en alertas tempranas. Y los asesinatos se han producido sólo en 99 municipios.

O sea que si el gobierno, con el presidente Duque a la cabeza, le pone toda la atención a las alertas tempranas y manda al Estado, con todo su poder y, lo que es más importante, con toda su voluntad política, a hacer presencia en esos pocos municipios, las muertes se reducirían en un 80%. Pero, para eso, se necesita que el presidente Duque salga de su autismo, actúe con energía, y gobierne para todo el país; no sólo para los que lo aplauden de su partido.

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