CAPÍTULO 6 - Medellín

Medellín es la capital del departamento de Antioquia, se ubica al nororiente de Colombia. Limita al norte con el mar Caribe, los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar; al oriente con el río Magdalena que lo separa de los departamentos de Santander y Boyacá; al sur, con los departamentos de Risaralda y Caldas y al occidente con el departamento del Chocó.

Mapa 14 Localización del departamento de Antioquia y su capital Medellín en la República de Colombia

En Medellín, la población asciende a 2.533.424 personas, de las cuales 2.490.164 (98.30%) habitan en la cabecera y 43.220 (1.7%) en centros poblados y rurales dispersos según las proyecciones de población 20182020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–1. Según la Alcaldía de Medellín, cuenta con una extensión de 376,4. Km2, de los cuales 111,61 km2 corresponden a suelo urbano; 263,04, a suelo rural; y 1,75 km2, a suelo de expansión2. Medellín está localizada en el centro del Valle de Aburrá, es de-

1 DANE (2018). Proyecciones de población 2018-2020.Consultado el 13/03/2020. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. 2 Alcaldía de Medellín(s.f) Historia y símbolos de Medellín. Consultado el 13/03/2020. Disponible en: https://www.medellin.gov. co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://6488ef50a6787e1fdbc4e42e62a46a67

cir, el conjunto de los municipios de Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Envigado, Sabaneta, Girardota, La Estrella, Itagüí, ubicados en la región central del Departamento de Antioquia, el cual hace parte de la Región Andina colombiana3 .

En cuanto a la caracterización del área urbana, la cabecera municipal está compuesta por 16 comunas, divididas en 249 barrios; y 5 corregimientos4 .

Mapa 15 Barrios y Comunas de Medellín

Fuente: https://medellintespera.blogspot.com/p/mapa-de-medellin-con-barrios-y-comunas.html

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el departamento de Antioquia aporta un aproximado del 15% del PIB nacional, es el primero en generación de energía y el principal exportador de productos agrícolas como café y banano. Los sectores en los cuales se concentra la actividad económica del departamento son el comercio, la construcción de vivienda, las obras públicas, la intermediación financiera y las actividades agrícolas y pecuarias5 . A continuación, se presentan los principales indicadores del mercado laboral para Medellín. La tasa global de participación para el periodo entre noviembre de 2019 y enero de 2020 se sitúa en el 58,9%, registrando una caída leve del 0,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras la tasa de ocupación subió del 56,6% al 57,0% de noviembre 2018-enero 2019 a noviembre 2019-enero 2020. La proporción del empleo in-

3 Ibíd. 4 Ibíd. 5 Ibíd.

formal entre diciembre 2019-enero 2020 es del 40,8%6, lo que da cuenta de los retos que afrontan las principales ciudades del país para la formalización del empleo. La distribución porcentual de la población ocupada según su posición ocupacional muestra que 29,7% es trabajador por cuenta propia, el 58,4% es obrero o empleado particular, el restante de la población está distribuida entre patrones o empleadores (4,1%), obreros o empleados del gobierno (3,8%), empleados domésticos(2,5%) y trabajadores sin remuneración(1,4%)7 .

Respecto a la tasa de desempleo, la ciudad de Medellín ha presentado una disminución de un punto porcentual en comparación al periodo al 2019-2018, ubicándose en 11,8% durante periodo 2019-2020. Para hacer una comparación durante el periodo 2019-2020, Medellín se ubica tercera en tasa de desempleo si se tiene en cuenta a ciudades como Cali (13,0%), Santa Marta (12,5%) Bogotá (10,8%) y Cartagena (9,1%)8 .

En el componente de pobreza, se usarán tres indicadores principales. En primer lugar se hará una breve descripción frente a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Medellín y, en segundo lugar, la incidencia de pobreza monetaria comparada a nivel municipal, departamental y nacional. En Tercer lugar, la medida de pobreza multidimensional. Según la información del DANE, en la cabecera municipal el porcentaje de personas con NBI es del 5,13%, mientras en centros poblados y rural disperso del municipio es de 8,56%, estos son porcentajes por debajo de los datos departamentales, siendo que en las cabeceras municipales el porcentaje de personas con NBI es del 6,67% mientras en rural disperso es de 26,27%9. En segundo lugar, la incidencia de pobreza monetaria en Medellín para 2017 –según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP)– es de 13,40%, que ubica a la ciudad por debajo del nivel departamental y nacional en incidencia de pobreza monetaria10 .

En tercer lugar, la medida de pobreza multidimensional municipal total es del 12,8%, por debajo del promedio departamental y al tomar los datos de las principales capitales del país, se observa que tiene el tercer índice más bajo, siendo que la pobreza multidimensional para Bogotá es de 9,0%, Cali de 11,9% Barranquilla de 18,6% y para Cartagena de 19,9%11 .

Para Antioquia, el 97,84% de viviendas tienen servicio de acueducto en cabeceras municipales y 56,40% en centros poblados y rural disperso; alcantarillado en cabeceras municipales es de 96,10% y centros poblados y rural disperso de 24,34%; para energía eléctrica en cabeceras municipales es de 99,47% y 95,92% para centros poblados y rural disperso; el porcentaje de viviendas con servicio de recolección de basuras para las cabeceras municipales es de 98,79% y para centros poblados y rural disperso es de 46,63%; el 61,44% de las viviendas cuentan con servicio de internet en cabeceras municipales del departamento mientras en centros poblados y rural disperso la cobertura es de 13,81%; por último, el 74,37% de las viviendas en cabeceras municipales tienen servicio de gas, mientras en centros poblados y rural disperso es de 9,85%. La comparación muestra cómo Medellín cuenta con niveles de cobertura de servicios por encima de la media departamental12 .

En materia de asistencia escolar, el porcentaje de personas entre 5 y 24 años que asisten a una institución educativa en la cabecera municipal de Medellín es del 67,01% y en centros poblados y rural disperso es de 36,42%. Para las mujeres en la cabecera municipal es del 68,18% y para hombres de 65,50%. El porcentaje en

6 DANE (2019). Mercado Laboral Medellín A.M, diciembre 2019-enero 2020. Consultado el 13/03/2020. Disponible en: https:// www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 7 Ibíd. 8 Ibíd. 9 DANE. Consultado el 22/04/2020. Disponible en: https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=dc3699bda82348859801cf3414516fec 10 DNP. Consultado el 22/04/2020. Disponible en: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/05001 11 DANE. Consultado el 22/0472020. Disponible: en: https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=54595086fdd74b6c9effd2fb8a9500dc 12 Ibíd.

centros poblados y rural disperso para mujeres es 62,74% y para hombres de 59,58%13. Frente a la cobertura neta total en educación, Medellín presenta un 100 % que está sobre el nivel nacional (84,8%) y departamental (84,57 %).

En cuanto a la tasa de deserción para Medellín, se encuentra por debajo de la media nacional, sin embargo, desde 2014 la tendencia ha cambiado para repuntar. El porcentaje de personas de 15 años o más que son analfabetas en Medellín es bajo, estando la cabecera municipal en 2,31% y 6,13% en centros rurales y dispersos, lo que ubica al municipio por debajo del porcentaje departamental, que es de 3,00% en la cabecera municipal y 10,79% en centros poblados y rural disperso14 .

En el informe presentado por Migración Colombia sobre los registros de población venezolana en el país, a corte de 31 de mayo de 2020, en el Antioquia hay 154.828 personas refugiadas y migrantes de nacionalidad venezolana, lo que representa el 8,77% del total nacional, ubicándose como el quinto departamento receptor de población refugiada y migrante en el país15 .

En relación con los municipios, Medellín es la cuarta ciudad receptora del país; después de Bogotá, Cúcuta y Barranquilla, con 88.489; siendo el municipio de departamento de Antioquia con mayor presencia de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, seguida de Bello, Rionegro, Itagüí y Envigado16, lo que da cuenta que en general, la población refugiada y migrante que llega al departamento se ubica en el área metropolitana del Valle de Aburrá por las oportunidades económicas que esto representa en materia laboral y social, por acceso y garantías de derechos fundamentales. Siguiendo los datos poblacionales de Medellín, la población refugiada representa cerca del 3,49% de su población.

La población venezolana se ubica principalmente en Santo Domingo de Comuna 1 Popular, Comuna 3 Manrique, Comuna 7 Robledo, Comuna 8 Villa Hermosa, Comuna 10 La Candelaria, Comuna 13 San Javier, Comuna 16 Belén, Corregimiento de AltaVista, Vereda la Loma del Corregimiento San Cristóbal17; sin embargo, se ha hecho imposible la identificación del número de refugiados y migrantes en cada una de estas comunas teniendo en cuenta la alta movilidad entre comunas y barrios por situaciones como el desplazamiento intraurbano por amenaza, reclutamiento, uso y utilización, presencia de estructuras delincuenciales, desalojos y las condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Históricamente Antioquia ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado, el narcotráfico y el crimen organizado. En 2018 y 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó 12 conflictos entre actores armados18 y 140 organizaciones armadas ilegales presentes en la ciudad. A continuación, se

13 DANE. Consultado el 22/0472020. Disponible en: https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ed062c96015a49b5b3855c837fb76de3 14 DANE. Consultado el 22/0472020. Disponible en: https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ed062c96015a49b5b3855c837fb76de3 15 Migración Colombia (2020). Radiografía venezolanos en Colombia, corte 31 de mayo de 2020. Consultado el 07/009/2020. Disponible en: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-mayo-de-2020 16 Ibíd. 17 Disponible en: Información obtenida a través de diferentes entrevistas. 18 “Algunos de los conflictos de los primeros meses del 2020 tienen antecedentes inmediatos desde el año anterior, como los sucedidos en el corregimiento de Altavista y la Comuna 13 – San Javier. Con menor intensidad, con algunos conflictos ya resueltos y otros latentes, las otras comunas y corregimientos que evidencian alguna conflictividad durante los dos últimos años fueron:

presenta un breve contexto del conflicto armado y la violencia en Medellín, para finalmente, ubicar la dinámica de riesgo actual, que permita comprender el territorio en el que parte de población proveniente de Venezuela ha sido víctima.

Según el reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Medellín, se pueden identificar al menos dos fases de la violencia armada19, en las cuales se concentra el mayor grueso de violaciones a derechos humanos:

La primera, entre 1982 y 1994 “estuvo impulsada por el despliegue de la violencia y el terrorismo del grupo narcotraficante encabezado por Pablo Escobar, quien logró coordinar por distintos medios a bandas de delincuentes y a un alto número de sicarios, concentrando un gran poder y ofreciendo oportunidades económicas atractivas a los jóvenes, lo cual dio como resultado la ampliación de este cártel20. A su alrededor medraron pequeños grupos armados de la izquierda radical, en su mayoría independientes de las guerrillas rurales formadas en la década del 70, y milicias barriales, más numerosas, pero no menos autónomas. En esos años las fuerzas del Estado fueron insuficientes para garantizar el orden y en el intento apelaron muchas veces a prácticas ilegales, nombradas como “guerra sucia”, por lo que uno de los rasgos de esta crisis fue “la aplicación del desorden para controlar otro desorden”21 .

La insurgencia en Medellín se hace visible en los años 80, cuando “el ELN había desplegado una estrategia de copamiento de barrios populares en la ciudad de Medellín. Aunque esta guerrilla fue la que desplegó una presencia fuerte, para mediados de la década de 1980, el EPL, el M-19 y las FARC-EP también habían dispuesto unidades en algunos barrios periféricos de la ciudad” quienes hicieron presencia a través de “milicias populares”22 .

La posterior confrontación entre Pablo Escobar y el Estado, como producto del anuncio del presidente Belisario Betancourt de aprobar la extradición de nacionales a Estados Unidos, trajo como resultado una división al interior del cártel entre Pablo Escobar y los hermanos Castaño, quienes veían como enemigo a la subversión y no al Estado. En 1993, los hermanos Castaño crean “Los Pepes”, una alianza entre integrantes del Cártel de Medellín y Cali, que tenía como objetivo dar con Pablo Escobar, y que colaboró activamente con el gobierno de César Gaviria, la Policía Nacional y el Ejército. El 2 de diciembre de 1993, es dado de baja Pablo Escobar y el Cártel pasa por una recomposición que le da protagonismo a otros miembros de la estructura, como es el caso de Don Berna23 .

El proceso de reorganización de las estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá trajo como resultado la conformación de la Oficina de Envigado, una estructura criminal integrada por la alianza de bandas ubicadas en Envigado, Itagüí, Bello y Medellín24. Esta estructura aún persiste, como se mostrará más adelante.

Comuna 6 – Doce de Octubre, Comuna 7 – Robledo, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – Candelaria, Comuna 12 – América, Comuna 15 – Guayabal, Comuna 16 Belén y los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado”. AT. 032 del 2020. 19 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Medellín: memorias de una guerra urbana, CNMH- Corporación Región - Ministerio del Interior - Alcaldía de Medellín - Universidad EAFIT - Universidad de Antioquia, Bogotá. Consultado el 14/03/2020. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/medellin-memorias-de-una-guerra-urbana.pdf. 20 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Medellín: memorias de una guerra urbana, CNMH- Corporación Región - Ministerio del Interior - Alcaldía de Medellín - Universidad EAFIT - Universidad de Antioquia, Bogotá. Pp. 133-134. Consultado el 14/03/2020. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/medellin-memorias-de-una-guerra-urbana.pdf. 21 Ibíd, p.103. 22 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta Temprana AT. 032 de 2020, p. 5. 23 Ibid, pp. 136-138. 24 Ibid, p. 144.

El segundo periodo crítico, entre 1995 y 2005 “se configuró alrededor de la expansión de los paramilitares y las guerrillas rurales en el país y en Antioquia, lo que llevó a que el departamento se convirtiera en el principal territorio bélico de Colombia. Medellín, con la región metropolitana, fue el centro geográfico y logístico de este conflicto y se volvió objetivo de la disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y las organizaciones milicianas y guerrilleras”25 .

Durante este periodo, se cuentan varias intervenciones militares por parte del Estado, siendo la más recordada la operación Orión, que cual tuvo lugar entre 16 y 17 de octubre de 2002 en la comuna 13. Durante esta operación, se cometieron varias ejecuciones extrajudiciales, homicidios y desapariciones forzadas, de las cuales aún no se ha esclarecido las circunstancias en las que ocurrieron ni sus responsables26 .

Posterior al proceso de desmovilización paramilitar entre 2003-2008, disidencias paramilitares conforman las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo. En 2010, esta organización llega a Medellín, agravando el conflicto existente entre mandos medios de la Oficina de Envigado, a raíz de la captura de Don Berna en 2008. Las bandas que conforman la oficina inician una confrontación armada para quedarse con el control de los mercados ilícitos. El enfrentamiento desenlaza en una cumbre en 2013 denominada el “Pacto de los fusiles” y que estableció un cese a los enfrentamientos, una distribución de las zonas de influencia y la fijación de tarifas de cobro a comerciantes27 .

Sin embargo, la confrontación directa entre las estructuras criminales parece haber mutado en nuevas y sofisticadas formas de control territorial y poblacional. Para 2014, la violencia seguía involucrando de manera importante a la población juvenil en actividades criminales organizadas; a esto se suma una profesionalización y racionalización de las actividades criminales. Los grupos de delincuencia organizada buscan que sus actividades sean llevadas a cabo dentro de la mayor clandestinidad posible para evitar una confrontación directa con el resto de actores involucrados en el conflicto. Su objetivo principal es ejercer control de las actividades delictivas por zonas. El Pacto de los fusiles ha demostrado ser volátil y ha traído como resultado vulneraciones a los derechos humanos de la población civil, en forma de restricciones violentas a la movilidad, amenazas y asesinatos28 .

En 2019, se identificaron 10 grupos delincuenciales organizados (GDO) en Medellín, estos son: Picacho, Caicedo, La Unión, Trianón, Los Triana, Pachelly, Los Chatas, La Terraza, Robledo, La Sierra [...] A su vez, de estos 10 GDO se desprenden 84 grupos delincuenciales criminales organizados (GDCO), de los cuales 11 operan de manera independiente29. Según el SISDHES, en este mismo año se identifican en Antioquia los siguientes actores armados: AGC con el Frente Francisco Morales Peñates, Autodefensas Postdesmovilización, las Águilas Negras, Los Combos, Grupos armados sin identificar, Los Caparros, Disidencias de las FARC a través de los frentes 18 y 36, ELN a través de los frentes: Édgar Amilkar Grimaldo Barón, Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, Frente de Guerra Occidental, y Los Conejos.

La Secretaría de Seguridad de Medellín identificó los principales delitos a los que se dedican los GDO: “el 100 por ciento de los GDCO instrumentalizan a menores de edad, el 93% está involucrado en tráfico de estupefacientes, el 81% participa en homicidios, el 56% extorsiona en la ciudad, el 44% se dedica al hurto y el 25 % está involucrado en desplazamientos forzados en esta región del país”30 .

25 Ibid, p. 103. 26 Ibid, p. 90. 27 Ibid, pp. 157-158. 28 Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (2014). Violencia Juvenil en contextos urbanos, capítulo 5. CERAC, Bogotá. Consultado el 14/03/2020. Disponible en: https://issuu.com/cerac/docs/libro_violencia_juvenil 29 La diez bandas detrás de la violencia en Medellín (06/01/2019). El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/ medellin/las-diez-bandas-detras-de-la-violencia-en-medellin-311768 30 La diez bandas detrás de la violencia en Medellín (06/01/2019). El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/ medellin/las-diez-bandas-detras-de-la-violencia-en-medellin-311768

Siguiendo el completo análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana AT. 032 de 2020, actualmente operan en Medellín 140 organizaciones armadas ilegales en los tres niveles de actores armados, que ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio. En el primer nivel se identifican grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC (GAIP – AUC) y/o grupos sucesores del paramilitarismo, como las AGC y Cuerpo Colegiado La Oficina; así como el ELN. En segundo nivel están 16 Grupos Armados de Crimen Organizado con estructura de control territorial en el Valle de Aburrá; y en tercer nivel están 114 grupos con un ámbito de incidencia más localizado; la mayoría de los grupos ejercen control dentro de los límites de su barrio y unos pocos, en un conjunto más amplio de barrios, pero no llegan a controlar ni la mitad de una comuna o corregimiento31 .

La Defensoría del Pueblo ha definido a las estructuras de primer nivel como “grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC (GAIP-AUC) y/o grupos sucesores del paramilitarismo”32 como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocido como Clan del Golfo y la Oficina de Envigado que ahora se hacen llamar “Cuerpo Colegiado de la Oficina”. Dentro de estas estructuras de primer nivel también se incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que hace presencia en el departamento de Antioquia a través de dos frentes33 .

Mapa16 Control territorial ejercido por estructuras armadas ilegales en Medellín

Fuente: Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana AT. 032 de 2020.

Las estructuras de segundo nivel participan activamente en la criminalidad transnacional en economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas y otras economías como sicariato en el extranjero, préstamos paga diario, conocidos popularmente como gota a gota y lavado de activos producto de las actividades ilegales. Estas

31 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana AT. 032 de 2020, p. 27. 32 Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana AT. 032 de 2020, p. 28. 33 Ibíd, p. 31.

actividades les permiten fortalecer su capacidad militar a través de la obtención de armamento proveniente de Norteamérica y gracias a sus fortalezas económicas les permite hacerse con el control de territorios relativamente extensos del tamaño de comunas completas.

Una característica adicional de las estructuras de segundo nivel es que dadas las fortalezas económicas y militares, junto con el control territorial que llegan a tener, están en la capacidad de hacer alianzas con organizaciones de en territorios en distintas zonas del país lo que les permite tener un alcance mayor en su accionar delictivo. En ocasiones, acuden a organizaciones criminales de tercer nivel con el ánimo de tercerizar el ejercicio de las actividades criminales, por lo que están en capacidad de “estimular o detener la conflictividad de las estructuras de tercer nivel”34 .

Por su parte, las estructuras de tercer nivel son aquellas que tienen un accionar localizado, generalmente dentro de los límites de un barrio, dependen o están adscritas a una estructura más grande del segundo nivel. Las más pequeñas pueden estar conformadas por entre 10-15 personas y su actividad criminal pasa por el control del microtráfico en un sector concreto. Algunas de las más grandes pueden llegar a tener gasta 100 miembros y las economías ilegales en las que participan pueden estar asociadas al “fleteo, hurto de carros y motos, extorsión, el cobreo ilegal de la prestación del servicio de seguridad violenta, pagadiarios, cobro de deudas de forma violenta, entre otros”35, pero su independencia es limitada toda vez que siguen dependiendo de estructuras más grandes y poderosas.

La presencia generalizada de estructuras criminales en Medellín se traduce en escenarios de riesgo y permanentes violaciones a derechos humanos. Estos riesgos, dado que estas estructuras hacen presencia en el 85% de la ciudad, son generalizados para la población local y compartida por la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela por la diversidad en los repertorios de violencia. Estos riesgos representan riesgos directos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Medellín toda vez que las amenazas, vacunas, extorsión, hurto, homicidio, desplazamiento, restricciones a la movilidad, reclutamiento, uso y utilización, entre otras actividades, están presentes en la cotidianidad.

En el siguiente capítulo se describe y analiza la incidencia de victimización de población venezolana para las categorías anteriormente expuestas. Para tal fin, se tendrá en cuenta la información del Observatorio de Delito de Policía Nacional, Medicina Legal, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES) de CODHES y la información obtenida y contrastada en entrevistas sostenidas con funcionarios de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, así como líderes y lideresas sociales. A modo de resumen, se muestran los hechos de victimización a población venezolana en Medellín, ordenados en las categorías anteriormente expuestas, desagregando la información por año de ocurrencia, se tomó en cuenta un rango entre 2015 y 2020.

Es importante señalar que los escenarios de riesgo asociados a vulneraciones a la vida, la integridad o la libertad responde, por un lado a la dinámica a la que enfrenta toda la población que habita Medellín incluyendo a la población refugiada y migrante y, por otro lado, mayores peligros que enfrenta la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela por condiciones irregularidad, vulnerabilidad y xenofobia con la llegan al territorio, en contextos de pobreza y presencia de grupos armados organizados o delincuencia común en el territorio.

34 Ibíd., p. 34. 35 Ibíd.

La investigación arroja que existen riesgos diferenciados para la población refugiada y migrante en el departamento de Antioquía, frente a las realidades de las ciudades de costa Caribe, que en este informe se presentan. Como se evidencia en la caracterización territorial, Antioquía presenta principalmente tres contextos de riesgo: En primer lugar, el Bajo Cauca antioqueño se constituye como el epicentro en el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); o también conocidas como Clan del Golfo; que mantienen una relación directa con la cadena del narcotráfico, representando riesgos muy significativos en términos de reclutamiento, uso o utilización de NNA y vinculación de adultos refugiados y migrantes venezolanos, para la realización de actividades relacionadas con los cultivos de usos ilícito, puntualmente para trabajar como raspachines y en general en el procesamiento de la hoja de coca36. Además son vinculados a otros actividades ilícitas y de crimen como el microtráfico, extorsión o cobro de vacunas, carritos, campaneros y sicariato37 .

En segundo lugar, se identifica que la minería ilegal en esta región del departamento es importante38 por lo que la explotación laboral es un riesgo a tener en cuenta a la hora del análisis que involucra a la población refugiada y migrante en pueblos como Frontino, Buritaca, Segovia, El Bagre, Remedios, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, entre otros. Si bien es cierto que los beneficios económicos de la minería han disminuido, existe la posibilidad que ante la vulnerabilidad de la población venezolana que trabaja en estos contextos, resultando un riesgo especialmente para las mujeres y la niñez por la explotación sexual que usualmente se presentan en estos contextos y explotación laboral en el caso de hombres39 .

El tercer fenómeno que constituye un importante riesgo es el tráfico de migrantes que intenta pasar a Centroamérica y Estados Unidos a través del Tapón del Darién40, que se presenta en el norte del departamento, en el Golfo de Urabá y el Urabá antioqueño, de ahí que hayan 297 personas migrantes en Necoclí, en algunos casos de nacionalidad venezolana, así como migrantes extracontinentales que ante el contexto de pandemia y el cierre de fronteras permanecen en la región.

Tabla 12 Victimización de población venezolana en Medellín

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Policía Nacional, Medicina Legal (julio), ML observatorio (junio) y Fiscalía (30 de agosto).

36 Información obtenida con institución pública # 3. 37 Información obtenida en entrevista con institución pública # 28. 38 Semana (08/06/2019) Así se lucha contra la minería ilegal en Antioquia. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-se-lucha-en-antioquia-contra-la-mineria-ilegal/62681 39 Información obtenida en entrevista con institución pública # 26. 40 Información obtenida con institución pública # 3.

Como se puede observar, las categorías que más concentran hechos victimizantes hacia población venezolana en Medellín son homicidios y lesiones personales. La dinámica creciente puede estar parcialmente explicada por el aumento de la población en la ciudad, pero es importante señalar que el comportamiento general en el país, y también en Medellín, está fuertemente influenciada por la estigmatización social de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, la competencia por la escasez y la discriminación. Por ejemplo, frecuentemente se lanzan comentarios como “los venezolanos son ladrones”, “las venecas son putas” o similares, que inciden en el imaginario colectivo y en los riesgos de la población venezolana de sufrir actos discriminatorios verbales o por vías de hecho.

Llama especialmente la atención que las estructuras delincuenciales que hacen presencia en los barrios, además de ejercer el control territorial y que controlan economías ilegales asociadas con el narcotráfico, cobro de vacunas o extorsiones, también actúan como mediadores violentos de los conflictos comunitarios. Es así que al presentarse conflictos entre la población refugiada y migrante venezolana con la comunidad de acogida, los grupos armados de delincuencia organizada intermedian violentamente a través de la amenaza y que generalmente se extiende a todo un grupo familiar de población venezolana o el círculo cercano de la víctima41. Un ejemplo de esto se dio en 2017 cuando un hombre de 50 años tuvo un conflicto comunitario y los miembros de la banda del barrio amenaza y desplaza colectivamente a un grupo de venezolanos que habitaba el territorio42 .

En estos mismos territorios que presentan condiciones de vulnerabilidad importantes, también se ha identificado que llega la poblacion refugiada y migrante a establecerse43 por lo que los riesgos a la vida, la libertad o la integridad también crecen.

En Medellín han declarado 212.389 personas, haber sido víctimas de homicidio44, según la Unidad para las Víctimas. Por otro lado, para presentar las cifras de homicidios en el marco de delitos comunes, que incluye los datos de homicidios en múltiples escenarios de violencia, se tiene que al 31 de diciembre de 2019 se registraron 581 homicidios en Medellín, según la Policía Nacional, lo que representa una disminución del 7,19% en los homicidios respecto a 2018, cuando se registraron 626 casos45 .

Gráfico 60 Homicidios registrados por institución

Fuente: Elaboración propia con datos de Policía Nacional y Medicina Legal.

41 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25. 42 Información obtenida en entrevista con institución pública # 26. 43 Información obtenida en entrevista con institución pública # 14. 44 Unidad de víctimas: Consultado el 23/02/2020. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 45 Policía Nacional. Observatorio del Delito.

Esta información contrasta con la presentada por Medicina Legal que, según sus bases de datos, se tiene registro de 586 homicidios durante el 2019 mientras en 2018, tal y como lo muestra la gráfica de homicidios registrados por institución, se tiene 8 registros adicionales de homicidios frente a los datos de Policía Nacional46 .

Por su parte, la Personería de Medellín en diálogo con la población, estableció que “el homicidio es un instrumento utilizado por los grupos delincuenciales para amedrentar a quienes no pagan extorsiones, no ingresan a las estructuras o no permiten el establecimiento de plazas de vicio en los alrededores de sus casas. [Por ello, el homicidio] hace parte de las dinámicas complejas de criminalidad que perviven en la ciudad”47 .

La información obtenida hasta el momento en entrevistas evidencia que el homicidio es uno de los riesgos para la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela en Medellín, enmarcada en la dinámica que se vive en la ciudad, como una realidad compartida para los habitantes de la ciudad en general.

Según datos del SISC, durante 2018 se registró el homicidio de 9 ciudadanos venezolanos, mientras que en 2019 fueron 17. Casi se duplicó la cifra de asesinatos cometidos contra ciudadanos del vecino país de un año a otro y la mayoría de estos casos estuvieron asociados a conflictos entre organizaciones armadas ilegales, en muchos casos, se trataba de jóvenes que no tenían participación en estructuras, pero que igual fueron asesinados por sospecha de ser infiltrados o delatores. Uno de los casos conocidos sucedió el 15 de mayo de 2019, cuando dos jóvenes venezolanos fueron acribillados con arma de fuego en el sector de La Capilla, en el barrio Belén – El Rincón48 .

En el agregado entre 2017 y 2020 (corte a junio de 2020) se tiene información de 76 casos de homicidio en Medellín de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, según la información presentada por Medicina Legal, distribuyéndose por sexo así: 70 de las víctimas son hombres y las restantes 6 son mujeres. Siguiendo la información presentada por Medicina Legal en las cifras de homicidio para 2020, se tiene un registro de 43 muertes entre homicidio por arma de fuego, homicidio por arma blanca, homicidio en riñas y otras causas de muerte violenta49 .

Se deben tener en cuenta los tres municipios del Valle de Aburrá con mayor presencia de población venezolana según la información presentada por Migración Colombia: Medellín, Bello e Itagüí, aquellos en donde la población proveniente de Venezuela más sufre casos de homicidio dado la cifra asciende hasta los 88 casos50 entre 2017 y 2020.

Gráfico 61 Homicidio de población venezolana en Medellín, diferenciados por sexo (2017-2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de Medicina Legal, corte a junio de 2020.

46 Medicina Legal. Observatorio de Violencia. Cifras de lesiones de casa externa en Colombia. 47 Personería de Medellín (2019). Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín”, p. 44. 48 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta Temprana AT 032 de 2020, p. 73. 49 Medicina Legal. Centro Nacional de Referencia Sobre Violencia. Lesiones fatales de ciudadanos venezolanos en Colombia 20172020. Corte a junio 2020. 50 Ibíd.

Gráfico 62. Homicidio de venezolanos en el Valle de Aburrá (2017-2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Medicina Legal, corte al 8 de julio de 2020.

Es importante tener en cuenta las causas de los homicidios. Si bien es cierto que no se cuenta con la información de la totalidad de los casos, según el Observatorio de Delito de Policía Nacional para 2019 registra 14 casos de homicidio a población venezolana de los cuales 10 tienen como causa de la muerte la venganza, ajuste de cuentas e intolerancia social. Específicamente, de estos 10 casos, el 70% tuvo como causa la venganza, seguido del ajuste ilegal de cuentas que representa el 20% de los casos y un caso (10%) de intolerancia social. Vale mencionar que, de los 14 casos de homicidio registrados en 2019, 2 de las víctimas fueron mujeres, uno de ellos por ajuste ilegal de cuentas.

Gráfico 63 Causa de los homicidios de población venezolana (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de Policía Nacional. Corte a 16 de septiembre de 2019

Esto indica incremento de hechos violentos hacia población venezolana y una variación en las causales, teniendo en cuenta que en 2018 se reportaron 6 casos con causas específicas –50% homicidios cuya causa fue la venganza y el 50% restante se divide entre ajuste ilegal de cuentas, hurto, y “problemas pasionales”, reportando un caso para cada una.

Ponderando la información de homicidios para ambos años, se tiene que el 60% de los casos de homicidio registrados ocurrieron en la Comuna 10, Comuna 13 y Comuna 16. Frente a la descripción de las víctimas, en el 80% de los casos es de género masculino; por otro lado, 75% del total de casos está en un rango etario de 17 y 30 años.

Gráfico 64 Homicidios por Comuna (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de Policía Nacional.

Retomando la información presentada en el Mapa sobre homicidios en Medellín comparado por estrato socioecónomico y por concentración de expendio de droga en las comunas, se observa que efectivamente hay coincidencia en estos territorios con mayor incidencia del homicidio, siendo la Comuna 5 (Castilla), Comuna 6 (12 de Octubre), Comuna 10 (La Candelaria), Comuna 13 (San Javier), Comuna 15 (Guayabal) y Comuna 16 (Belén), donde se han registrado más homicidios tanto de población local como de población proveniente de Venezuela. A estos mismos territorios que presentan condiciones de vulnerabilidad importantes, también se ha identificado que llega la población refugiada y migrante a establecerse51 por lo que los riesgos a la vida, la libertad o la integridad se incrementan.

Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los homicidios en “la mayoria de los casos están asociados a conflictos entre organizaciones armadas ilegales, en muchos casos, se trataba de jóvenes que no tenían participación en estructuras, pero que fueron asesinados por sospechas de ser infiltrados o delatores”52. Para ejemplificar este escenario, vale la pena recordar el homicidio de dos jóvenes con arma de fuego en el barrio Belén-Rincón en la Comuna 16 y otro más en Belén-Buenavista53 .

Esto representa una tasa de homicidio de población de nacionalidad venezolana que ha pasado de 16,03 por cada 100 mil hab54 venezolanos en 2018 a 26,71 por cada 100 mil hab55 en 2019, mientras que para el 2020, con cifras parciales se llegó a una tasa de 39,55 por cada 100 mil hab56, una realidad que puede estar explicada parcialmente por el aumento de la población proveniente de Venezuela en la ciudad de Medellín. Sin embargo, llama poderosamente la atención que la dinámica en relación con la tasa de homicidios generales en la ciudad57

51 Información obtenida en entrevista con institución pública # 14. 52 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta temprana AT. 032 de 2020, p.73. 53 Teleantioquia (16/05/2019). Dos venezolanos fueron asesinados en el barrio Belén Rincón. Consultado en: 11/09/2020. Disponible en: https://www.teleantioquia.co/featured/dos-venezolanos-fueron-asesinados-en-el-barrio-belen-rincon/ 54 Para la obtención de esta cifra se toman los 12 casos de homicidio que presenta Fiscalía y los 74.816 venezolanos registrados por Migración Colombia en Medellín para el 30 de junio de 2019. 55 Para la obtención de esta cifra se toman los 21 casos de homicidio que presenta Medicina Legal y los 78.622 venezolanos registrados por Migración Colombia en Medellín para el 31 de octubre de 2019. 56 Para la obtención de esta cifra se toman los 35 casos de homicidio que presenta Medicina Legal y los 88.489 venezolanos registrados por Migración Colombia en Medellín para el 31 de mayo de 2020. 57 Para la obtención de esta cifra se usaron los homicidios para 2018, 2019 y 2020 presentados por Policía Nacional y se mantuvo constante la población municipal en 2.533.424 que presenta el DANE del censo nacional 2018.

puesto que es inversa frente a la tasa de homicidios de la población venezolana. Esto da cuenta del aumento de la victimización por homicidio de la población proveniente de Venezuela, resultado de prácticas xenófobas, discriminatorias, intolerancia social, ajuste de cuentas, venganza y como resultado del aumento de su vinculación a prácticas delincuenciales por las dinámicas de reclutamiento, uso, utilización y vinculación dadas las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, extrema necesidad y el desconocimiento de las dinámicas de control territorial que ejercen las estructuras delincuenciales en la ciudad.

Gráfico 65 Tasa de homicidio por 100 mil/Hab en Medellín

Fuente: Elaboración propia con datos de Policía Nacional, Medicina Legal, Migración Colombia y DANE58 .

“En materia de amenaza contra la vida y la integridad, la población venezolana también comienza a tener alarmantes cifras de atención, por lo menos esto lo evidencia el número de casos reportados por la Línea de emergencias 123, módulo social. Durante el año 2019 fueron atendidos 34 casos por la línea de Nada Justifica el Homicidio, lo que se puede catalogar como amenazas contra la vida en donde la Alcaldía aplicó su ruta preventiva evitar el homicidio de estas personas”59 .

Medellín ha sido afectada históricamente por el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano. “Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el RUV, entre 2006 y 2014 la ciudad tuvo el número más alto de víctimas, 68.310 víctimas, la mayoría de ellas de desplazamiento intraurbano”60. Según datos de la Unidad para las Víctimas, en Medellín 464.933 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, que están representadas en 269.910 eventos61. El fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano “se ha

58 Según Medicina Legal para 2018 la tasa de homicidio fue de 25,07 por cada 100 mil hab, lo que la ubica por debajo de la tasa departamental de 34,00 por cada 100 mil hab. Haciendo el análisis comparado con respecto a la tasa de homicidios en 2017 se evidencia un aumento, ya que la información contenida da cuenta de una tasa de 23,36 por cada 100 mil hab en 2017. Medicina Legal. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (2018). Forensis. Datos para la Vida, p. 84. Medicina Legal. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (2017). Forensis. Datos para la Vida, p. 101. 59 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta temprana AT. 032 de 2020, p. 74. 60 Ibid, p. 25. 61 Se han tomado los datos de la categoría Víctima declaración que la unidad define como “personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que declararon (narraron el hecho victimizante) ante el ministerio público en el territorio”. Existen diferencias en las cifras cuando se toma la categoría Víctimas Ocurrencia que se define como “personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que fueron víctimas de un hecho victimizante en territorio colombiano” cuyos datos de desplazamiento forzado, homicidio y amenaza son 137.059, 84.982 y 25.411 respectivamente,mientras que para la categoría Victimas ubicación que se define como

concentrado históricamente en las comunas 1, 3, 6, 8, 9 y 13[...]Este fenómeno aparece como una consecuencia directa de la orden de desalojo dada por los grupos armados, principalmente grupos paramilitares, con la intención de controlar territorios y poblaciones”62 .

La Defensoría del Pueblo, a través del informe de Riesgo e inminencia 033 de julio de 2017, advirtió de desplazamiento forzado causado actores armados pertenecientes a las AGC en el corregimiento de Altavista y la Comuna 16 (Belén) de Medellín63.

La Personería de Medellín ha presentado 6 causas que incentivan a las familias a desplazarse forzosamente entre barrios o comunas: “[1]Temor a los enfrentamientos que se dan entre diferentes organizaciones dedicadas al crimen y a la ilegalidad. [2] Reclutamiento, uso e intrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de diferentes organizaciones delictivas. [3] Amenaza, desaparición forzada, homicidios. [4] Violencias sexuales. [5] Extorsiones (legitimadas por la comunidad y reconocidas como cuotas o aportes a la seguridad. [6] Atentados contra la integridad física, mental y moral”64 .

En el siguiente gráfico se puede observar la dinámica del desplazamiento forzado intraurbano por comunas en 2018 y 2019 (con corte al 29 de octubre) y que ha afectado de manera agregada a 6.510 personas principalmente en la Comuna 13, 16, 7, 8,1 y corregimiento de Altavista y si tenemos en cuenta los últimos 4 años con corte al 29 de octubre de 2016, el desplazamiento forzado intraurbano ha dejado 16.582 víctimas en solo Medellín.

Gráfico 66 Desplazamiento forzado intraurbano por comuna (2018-2019)

Fuente: Personería de Medellín, Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín, 2019, p. 20.

La persistencia del desplazamiento forzado y especialmente el desplazamiento forzado intraurbano “es uno de los hechos victimizantes como mayor impacto en una ciudad como Medellín”65 tal y como lo establece la Personería de Medellín en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la Ciudad de Medellín (2019), y

“personas reconocidas en el marco de la ley 1448/2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio” con 143.345, 89.652 y 26.152 respectivamente. Registro Único de Víctimas. Consultado el 23/04/2020:Disponible en: https://www. unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 62 Ibid, p. 256. 63 Defensoría del Pueblo (24/04/2018). Alerta temprana de inminencia AT 041-18. pg 3-4. Disponible en: https://verdadabierta. com/wp-content/uploads/2018/04/AT-N%C2%B0-041-18-ANT-Medelli%CC%81n.pdf 64 Ibid, p. 19. 65 Personería de Medellín (2019). Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín, p. 18.

que además no es una dinámica que afecta exclusivamente a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, sino que es un riesgo compartido con la comunidad de acogida. Se conocen casos de desplazamiento forzado intraurbano, entre ellos el de una familia venezolana en la Comuna 16 (Belén) ante la imposibilidad de pagar una deuda a los popularmente conocidos como “gota a gota”66 .

Otro caso importante se presentó en el barrio Belén Rincón, a partir del doble homicidio a jóvenes venezolanos, mencionado anteriormente.

Este hecho provocó un desplazamiento forzado de tres núcleos familiares constituidos por 21 personas, la mayoría de nacionalidad venezolana. El Equipo de Atención y Reparación a las víctimas de Medellín, tiene un registro de atención de otras 20 personas de nacionalidad venezolana desde el corregimiento de Altavista, para un total de 41 personas, al parecer, víctimas del desplazamiento por el conflicto que se vive en San José de Manzanillo y Belén Rincón, entre las denominadas Mulas y Juaquinillos. Han sido al menos 19 hogares, integrados por 52 personas, aunque esto es un subregistro, porque además de que esta población no denuncia ni acude a las rutas de protección de la Ley 1448 de 2011, por temor a la expulsión por su situación irregular, también se suma que el Equipo de Víctimas de la Alcaldía solo cuenta con herramienta de identificación de estos casos en sus sistemas de información, solo a partir de julio de 201967 .

Estos desplazamientos, según información obtenida con la institucionalidad, afecta más frecuentemente y de manera desproporcionada a las mujeres migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela68. Parte de esta situación se debe a que algunas familias han tenido que abandonar el territorio luego de que sus parejas han sido asesinados.

El riesgo de reclutamiento ha hecho que familias refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela hayan sido víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, especialmente en comunas con un alto control territorial por parte de estructuras delincuenciales, entre ellas destaca la Comuna 13- San Javier, Comuna 16, Belén, corregimiento de Altavista y corregimiento San Cristóbal que son zonas en donde entre el 20% y 30% de los desplazamientos están explicados por riesgo de reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes69 .

Es importante señalar, que dado que en Medellín hay presencia de estructuras delincuenciales de distintos niveles en el 85% de la ciudad tal y como lo advierte la Defensoría del Pueblo, y teniendo en cuenta que los DFI están directamente relacionados con la presencia de estas estructuras en el territorio, el riesgo es extensible a la mayoría de los habitantes de la ciudad, incluyendo población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, que se ubican en territorios de desprotección y con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad como son la Comuna 1 - Popular, Comuna 3 - Manrique, Comuna 7 - Robledo, Comuna 8 - Villa Hermosa, Comuna 10 - La Candelaria, Comuna 13 - San Javier, Comuna 16 - Belén, Corregimiento de AltaVista que son comunas donde se concentran los índices más altos de desplazamiento forzado intraurbano.

El control de estas estructuras llega al punto de cobrar por el uso del espacio público a vendedores informales. Es así, que se conoce el caso de un desplazamiento forzado en la Comuna 10 de un vendedor informal que desconoce la dinámica territorial y se niega al pago de la vacuna al grupo que ejerce el control de la zona, lo que tiene como consecuencia la amenaza por parte del mismo y su posterior desplazamiento70 .

66 Información obtenida en entrevista con líder comunitario # 5. 67 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta temprana AT. 032 de 2020, p. 73. 68 Información obtenida en entrevista con institución pública # 14. 69 Información obtenida en entrevista con institución pública # 23. 70 Información obtenida en entrevista con organización # 12.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta los desalojos ocurridos en el marco de la pandemia que afectó a la población venezolana71 especialmente en la Comuna 10 donde se ubican muchos de los inquilinatos donde habitan por el impago del canon de arrendamiento, toda vez que, según información obtenida, algunos de los dueños de estos establecimientos acuden a los “muchachos del barrio” como intermediarios violentos que a través de la amenaza desplazan forzosamente a las familias72, algunas de ellas quedando en situación de habitabilidad de calle73 y evitando la denuncia por temor a represalias por parte del estructura delincuencial74 .

Solo en uno de los albergues ubicado en la Comuna 10 de Medellín y que es dirigido por una organización social, se ha atendido a 4.200 migrantes y refugiados provenientes de Venezuela en situación de habitabilidad de calle y afirman que 1 de cada 10 familias que atienden están en situación de calle por el desplazamiento sufrido por el impago del canon de arrendamiento y posterior desalojo mediado por amenazas ejercidas por estructuras delincuenciales75 .

Entre enero y agosto de 2020 la Personería de Medellín ha registrado 220 casos de desplazamiento, en su mayoría por desalojo en el marco de la pandemia, configurándose como casos de desplazamiento forzado intraurbano por amenaza76 .

Frente a estos hechos, la respuesta institucional es limitada, especialmente por parte de la Unidad para las Víctimas, quienes no reconocen los hechos de desplazamiento forzado intraurbano que afecta a la población refugiada y migrante77, aun cuando el Artículo 3 de la Ley 1448 no establece barreras de acceso para población extranjera víctima del conflicto armado en territorio colombiano. Se conoce que la Unidad para las Víctimas se ha negado a entregar las ayudas humanitarias de emergencia78 .

Son múltiples las causas del desplazamiento forzado de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, entre las que se cuentan la amenaza, el homicidio y los riesgos de reclutamiento, uso y/ utilización de NNA u otros riesgos para la vida o la integridad, especialmente en aquellos barrios con presencia de estructuras criminales, que como ha dicho con anterioridad, hacen presencia en el 85% de la ciudad, por lo que es posible decir, que hay un riesgo generalizado en la ciudad de desplazamiento forzado.

Según datos de la Unidad para las Víctimas, en Medellín 29.896 personas han declarado ser víctimas (entre directas e indirectas) de desaparición en el marco del conflicto armado colombiano. Del total de declaraciones, 7.599 son sujetos de atención en el marco de la Ley 1448 de 2011, o ley de víctimas79 .

En lo que corresponde a crímenes de desaparición, Medicina Legal para 2018 reportó 297 casos, de los cuales 213 corresponde a hombres y 84 a mujeres. En 2019 registró 400 casos, de los cuales 279 son hombres y 121 son mujeres, estos datos muestran que el grueso de delitos asociados a desaparición en Antioquia se da en Medellín, teniendo en cuenta que para el mismo año se presentaron 631 casos en total80 .

71 Ibíd. 72 Información obtenida en entrevista con institución pública # 23. 73 Información obtenida en entrevista con organización # 11. 74 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25. 75 Información obtenida en entrevista con organización # 11. 76 Información obtenida en entrevista con institución pública # 23. 77 Ibíd. 78 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25. 79 Unidad de Víctimas. Consultado el 30/04/2020. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 80 Medicina Legal. Observatorio de Violencia. Cifras de desaparecidos y cadáveres.

Se ha mencionado anteriormente que con la reactivación de la disputa territorial de dos de las facciones de la Oficina de Envigado durante 2019, los escenarios de violencia han aumentado en la ciudad de Medellín81. Es importante señalar que mientras los homicidios han disminuido, las denuncias por desaparición han aumentado en los últimos años, que puede ser explicado por la estrategia usada por estos grupos delincuenciales organizados, quienes desaparecen el cadáver de la víctima para evitar dejar rastros del crimen cometido.

Según los datos que presenta Medicina Legal frente a la desaparición, se tiene que para 2018 se denunciaron cuatro casos de población de nacionalidad venezolana desaparecida siendo 3 de ellos hombres y una mujer; mientras que en 2019 la cifra aumento hasta los 13 casos de desaparición, que se distribuye por sexo así: 7 hombres y 6 mujeres han sido víctimas de desaparición en Medellín durante el 201982. Las cifras para 2020 con corte a julio, dan cuenta de 2 casos adicionales de denuncias por desaparición de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, según Medicina Legal.

Gráfico 67 Desaparición forzada población venezolana en Medellín (2015 - agosto 2020)

Gráfico 68 Desaparición personas venezolanas en Medellín (2019 - julio 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Medicina Legal (julio).

81 Homicidios en baja, desapariciones en aumento: ¿qué está pasando en Medellín? (17/02/2020). El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidios-en-baja-desapariciones-en-aumento-que-esta-pasando-en-medellin-articulo-905023 82 Medicina Legal. Observatorio de Violencia. Cifras de desaparecidos y cadáveres.

Para el caso de desaparición forzada, hay tres factores identificados que inciden en el subregistro y subestimación del fenómeno. El primero de ellos es la exigencia tácita de un doliente que registre el hecho victimizante, lo cual se dificulta si se tiene en cuenta que uno de los perfiles que más se presenta dentro de la diáspora venezolana es el de “persona no acompañada” por lo que si la persona es víctima de este delito, pero carece de doliente, es claro que el caso no quedará registrado por la ausencia de denuncia. El segundo factor es que en ocasiones las denuncias frente a casos de desaparición se hacen en Venezuela por la familia de la víctima pero ante la ruptura de las relaciones diplomáticas, estas denuncias no son comunicadas a las instituciones en Colombia83. En ocasiones la familia de la víctima se desplaza a alguna ciudad colombiana en zona de frontera para hacer la denuncia, pero desconociendo propiamente el lugar en donde se produce la desaparición, la denuncia queda registrada en la ciudad fronteriza84 .

El tercer factor explicativo del subregistro es el temor a denunciar por dos razones adicionales, por un lado, el temor a las represalias por parte de grupos armados que hacen presencia y ejercen control territorial y por otro lado, temor a la institucionalidad85 de la población refugiada y migrante en situación migratoria irregular, ante la posible sanción administrativa o deportación.

En el marco del conflicto armado colombiano, las cifras de mujeres que han declarado haber sido víctimas de delitos contra la libertar o la integridad sexual llega a las 1.326 declaraciones. Sumado a esto, se tiene registro de 18 declaraciones de población LGBT y 28 sujetos de atención, además de 1 persona intersexual86 .

Según información del Observatorio de Delito de Policía Nacional, de los 227 casos de acceso carnal violento reportados en 2018, 63 casos involucran a NNA en un rango de edad de 10 a 17. La Personería de Medellín en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Medellín (2019) presentan que en los últimos cuatro años el número de delitos sexuales contra mujeres ha ido en aumento, tal y como se puede observar en la tabla.

Tabla 13 Víctimas de violencia sexual con proceso penal, clasificados por delito año

Fuente: Personería de Medellín, 2019, p. 49.

83 Información obtenida en entrevista con organización # 22. 84 Ibíd. 85 Información obtenida en entrevista con institución pública # 16. 86 Unidad de Víctimas. Consultado el 18/09/2020. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

Advierte la Personería que “Desde el año 2016 hasta la fecha han sido reiterativos los casos de mujeres que han sido víctimas de diversas formas de violencia en la ciudad. En algunas de esas formas de violencia, es marcada la mayor victimización a las mujeres, como en la violencia intrafamiliar, en la que estas han sido el 80 % de las víctimas”87. Como se observa, las mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia intrafamiliar superan significativamente a otros delitos asociados con violencia basada en género o violencia sexual.

Violencia intrafamiliar por año

Gráfico 69 Violencia intrafamiliar por año

Fuente: Personería de Medellín, 2019, p. 50. Corte 15 de octubre de 2019.

Respecto a la situación de migrantes de nacionalidad venezolana en Medellín, la Defensoría del Pueblo identificó en diciembre de 2019 que a diario se presentaba un promedio de 7 riñas entre personas en situación de prostitución colombianas y venezolanas88. Además, una caracterización hecha por la subcomisión de organizaciones sociales, identificó que las migrantes en Medellín “deben sortear con xenofobia, estigmatización, falta de documentación regular, ausencia de redes de protección, inexistencia del mínimo vital, cambio de roles dentro del núcleo familiar y otros problemas relacionados con salud, educación o vivienda digna”89 .

En Medellín, la violencia sexual hacia las mujeres se da en un contexto de lugar receptor y que también afecta a las mujeres refugiadas y migrantes de manera particularmente grave. Como lo muestra a continuación, hasta agosto de 2020 se han registrado 10 casos de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales en Medellín, que en el agregado suma 49 casos desde 2017 según la información presentada por Fiscalía General.

Gráfico 70 Delitos sexuales personas venezolanas en Medellín (2015 - agosto 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Fiscalía (30 agosto).

87 Personería de Medellín (2019). Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la Ciudad de Medellín, p. 49. 88 Violaciones de derechos que viven las mujeres venezolanas (26/12/2019). El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/ colombia/medellin/mujeres-venezolanas-en-medellin-seran-protegidas-con-subcomision-446772 89 Ibíd.

En la capital antioqueña existe una subcomisión creada para atención de la población migrante con enfoque de género, que identificó que “se acentúan los riesgos particulares asociados a las violencias basadas en el género y la discriminación, como la violencia intrafamiliar y documental, la sexualización de la oferta laboral, la explotación sexual comercial, el feminicidio, la trata de personas, el sexo por supervivencia, la falta de acceso a salud sexual y reproductiva, a métodos de planificación familiar, etcétera”90 .

A partir del trabajo en terreno, hemos identificados dos tipos de violencia que afectan a las mujeres refugiadas y migrantes en Medellín, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. En diálogo con organizaciones de la sociedad civil, se referencia que la población vive en condiciones de hacinamiento, que están directamente relacionados con el incremento de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Muestra de ello, es que se han recibido 79 denuncias en Medellín en lo corrido 2020 (corte 30 de agosto), según la información que presenta la Fiscalía y Medicina Legal sobre violencia intrafamiliar.

Es importante mencionar que la tendencia es creciente desde 2015, lo que da cuenta –en primer lugar– del aumento de la población venezolana en la ciudad, sin que esto justifique necesariamente un aumento en la población se traduce en un aumento en la violencia hacia la mujer; segundo, de violencias a las que se enfrentan las mujeres por parte de las parejas sentimentales y sexo-sentimentales que pueden ser colombianos o venezolanos; tercero de la importancia de la denuncia y el acceso a la justicia por parte de la población refugiada y migrante. Se hace énfasis en el análisis de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas teniendo en cuenta que el 83% de los casos registrados por la Fiscalía son de sexo femenino, dando cuenta de los efectos desproporcionados de la violencia intrafamiliar hacia la mujer.

Gráfico 71 Violencia intrafamiliar personas venezolana en Medellín (2015 - agosto 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Medicina Legal (julio) y Fiscalía (30 agosto).

Gráfico 72 Violencia intrafamiliar en personas venezolanas, en Medellín. Clasificación por sexo. (2019 - agosto 2020)

90 Violaciones de derechos que viven las mujeres venezolanas (26/12/2019). El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/ colombia/medellin/mujeres-venezolanas-en-medellin-seran-protegidas-con-subcomision-446772.

Gráfico 73 Grupo etario en violencia intrafamiliar, personas venezolanas en Medellín (2019 - agosto 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Fiscalía (30 agosto).

La Personería de Medellín, a agosto de 2020, ha atendido a 483 mujeres refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela que declaran haber sido víctimas de violencia basada en género, 27 de ellas adolescentes, 115 mujeres jóvenes y 4 adultas mayores. Las condiciones de hacinamiento en las que habitan las familias de refugiados y migrantes en los inquilinatos de la Comuna 10, en donde llegan a vivir entre 10 y 15 familias por casa, indicen negativamente en los hechos de violencia sexual e intrafamiliar de las que son víctimas las mujeres.

La Defensoría del Pueblo ha identificado casos en los que las mujeres venezolanas son víctimas de abusos por parte de su pareja sentimental; colombianos y venezolanos; y temen denunciar por miedo a que el victimario les retire sus documentos y denuncie ante las autoridades su situación migratoria irregular. La no denuncia también es resultado del desconocimiento de las rutas de atención por parte de las víctimas91 y la falta de redes de apoyo.

Así mismo, se ha observado que la violencia sexual hacia la población venezolana parece estar normalizada, de manera tal que las mujeres son víctimas por su lugar como mujeres extranjeras, que también están en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, siendo entonces la violencia sexual hacia la mujer venezolana una expresión de violencia machista y xenófoba.92 .

La hipersexualización de la que es víctima la mujer venezolana ha llevado a que sean explotadas en diferentes sectores de la ciudad y bajo diversas modalidades, las cuales varían según el barrio o zona, según las condiciones en que se desarrolla la explotación y el perfil del demandante. La explotación sexual en Medellín afecta a mujeres de todos los rangos de edad, pero resulta preocupante que se identifica de manera particular que son mujeres muy jóvenes e incluso, menores de edad93 .

Por ejemplo, en el centro de Medellín, la explotación sexual queda en evidencia por la permanente presencia de las mujeres en el Parque Bolívar y la vigilancia que se hace sobre ellas por parte de proxenetas, quienes además de vigilar también ejercen la intermediación entre el demandante y la mujer e incluso establecen las tarifas. Otro de los escenarios se presenta en el Parque Lleras, en donde las mujeres son explotadas sexualmente en escenarios de turismo, de hecho, se conoce que se ofrecen paquetes turísticos que incluyen la compañía de

91 Información obtenida en entrevista con organización # 1. 92 Ibíd. 93 Información obtenida en entrevista con organización # 10 e institución pública # 24.

mujeres de nacionalidad venezolana94, lo que a todas luces pasa por el proxenetismo y constituye explotación sexual en la prostitución. En el mismo Parque Lleras y particularmente en algunos de los restaurantes que lo circundan, meseros actúan como enlace entre la mujer explotada sexualmente y el demandante, que puede ser local o turista, configurándose un escenario de explotación de alto nivel socioeconómico95 .

Además de esto, recientemente se ha identificado que la explotación sexual en estudios de modelos webcam de mujeres refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela y, según información de algunas organizaciones e instituciones públicas, se conocen casos de menores de edad explotadas en este escenario96. Según esta información, las condiciones pueden ser catalogadas como análogas a la esclavitud sexual, teniendo en cuenta que las mujeres no pueden salir de los estudios, habitan en el mismo lugar, se les retienen los documentos de identidad y el salario es muy bajo, pero además se les cobra arriendo por la habitación, alimentación y uso de los equipos. Frente al contexto de pandemia, mujeres que eran explotadas sexualmente en establecimientos como prostíbulos o clubes han pasado a ser explotadas sexualmente en estudios de modelos webcam. Este escenario se configura bajo el delito de trata con fines de explotación sexual o prácticas análogas a la esclavitud.

Se siguen presentando dificultades en la tipificación del delito de trata de personas en las instituciones responsables97. Esto se presenta con funcionarios públicos, fiscales y jueces por lo que lo que los esfuerzos que ha hecho la Gobernación y el Ministerio del Interior para territorializar la norma han sido insuficientes.

Vale la pena mencionar que los escenarios de explotación sexual no solo están siendo usados como estrategia para aumentar los réditos en economías ilegales por parte de estructuras delincuenciales colombianas, sino que estructuras conformadas por población venezolana también se han ido posicionados en los escenarios de explotación sexual, siendo estos los captadores y proxenetas98. Sin embargo, dadas las condiciones territoriales la hegemonía sigue estando controlada por grupos armados organizados de larga data.

Es importante señalar que los escenarios de explotación sexual de mujeres, NNA y población LGBTI+ supone un riesgo para para vida o la integridad especialmente por las condiciones en que se desarrollan. Las redes de trata suelen estar vinculadas con los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, de manera que coincide el control territorial y el control sobre los cuerpos de las mujeres, que constituyen a su vez, un ambiente en el que no es fácil ejercer voluntariedad y mucho menos, escapar de los escenarios en donde son explotadas99 .

La dinámica de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes ha sucedido por décadas en la ciudad de Medellín por parte de estructuras delincuenciales de distinto nivel y que participan en múltiples economías ilegales. De hecho, se estima que las estructuras están conformadas en un 40% por menores de edad pero llama especialmente la atención que “ahora se debe añadir que usan los niños migrantes venezolanos”100 .

94 Información obtenida en entrevista con líder comunitario # 5. 95 Ibíd. 96 Información obtenida en entrevista con organización # 15. 97 Información obtenida en entrevista con institución pública # 27. 98 Información obtenida en entrevista con institución pública # 23. 99 Información obtenida en entrevista con institución pública # 14. 100 Caracol Radio (19/02/2020). Niños venezolanos están siendo reclutados por bandas criminales en Medellín. Consultado 21/09/2020. Disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2020/02/19/medellin/1582135534_217096.html

Solo en Medellín, la Unidad para las Víctimas tiene registro de 713 personas que declararon haber sido víctimas de vinculación niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con actores armados101. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la presencia generalizada de estructuras delincuenciales en la ciudad, se extiende el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de NNA por parte de las estructuras que ejercen control territorial, sumado a las condiciones de pobreza, vulneración de derechos fundamentales de la niñez.

Destaca la inducción al consumo de drogas como estrategia para la vinculación de los menores en actividades delincuenciales, el pago de hasta 1.200.000 que ofrecen las estructuras para realizar actividades relacionadas con las economías ilegales en las que participan los grupos armados de delincuencia organizada en los barros y comunas de la ciudad. En este sentido la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas e Informes en Medellín y sus alrededores, ha hecho un rastreo a las circunstancias en las que ocurre este fenómeno. Un informe hecho por Defensoría Del pueblo en 2013 identificó que en Medellín niños y niñas desde los 8 años son instrumentalizados por estructuras criminales, las cuales los usan para actividades de microtráfico, como informantes e inclusive para el sicariato102 .

El SAT de la Defensoría de pueblo, a través de la Alerta Temprana 041 de abril de 2018 identificó que al suroccidente la población se encuentra vulnerable ante las AGC y la Oficina de Envigado, bajo las cuales se organizan estructuras criminales de menor tamaño. El principal hecho victimizante hacia NNA es el reclutamiento forzado por parte de estos actores103 .

Es preocupante la situación de reclutamiento forzado cerca de Medellín. La Alerta Temprana 036 de 2019 identificó la vulnerabilidad de NNA ante el reclutamiento forzado en las Comunas, 6, 7, 8 y algunos sectores de la Comuna 4 por parte de presuntos integrantes del ELN. Asociado a esto, se registraron 8 casos de desplazamiento por miedo a la vinculación de NNA a grupos armados para su instrumentalización. La alerta señala que según la UARIV, el 36,3% de las personas que han sido reconocidas como víctimas de desplazamientos ocurridos en este municipio durante 2019 son precisamente menores de 18 años, proporción que en 2018 fue similar, con un 38,9%. La Defensoría indica que aunque no hay información cuantitativa exacta de reclutamiento forzado, el aumento de casos para el restablecimiento de derechos de NNA, especialmente por violencia intrafamiliar o social cercana, está directamente relacionado con el reclutamiento forzado104 .

El contexto de reclutamiento y vinculación en Medellín pone en riesgo a la población migrante venezolana, sobre todo a los NNA. Según un informe del Alto Comisionado para la Paz publicado en febrero de 2020, Antioquia (especialmente el norte) se encuentra dentro de los departamentos con mayor vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado, junto con Arauca, Chocó, y Meta105 .

En el Seminario de Movilidad Humana llevado a cabo en noviembre de 2019, Carlos Negret, Defensor del Pueblo, indicó que se registran casos de reclutamiento forzado a menores de edad mayormente en las zonas alejadas a las ciudades y en las comunas de Medellín, Bello, Bogotá y Cali. Aunque señaló que los reclutamientos de

101 Unidad de Víctimas. Consultado 18/09/2020. Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 102 Defensoría del Pueblo (2014). Informe defensorial, prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, análisis de políticas públicas con enfoque étnico. Defensoría del pueblo. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf 103 Defensoría del Pueblo (24/04/2018). Alerta temprana de inminencia AT 041-18. Disponible en: https://verdadabierta.com/ wp-content/uploads/2018/04/AT-N%C2%B0-041-18-ANT-Medelli%CC%81n.pdf 104 Defensoría del Pueblo (02/09/2019). Alerta temprana AT 036-19. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/ uploads/2020/02/AT-N%C2%B0-036-19-ANT-Bello.pdf 105 Desde 2002 los grupos irregulares han reclutado más de 14 mil niños. (12/02/2020). El Tiempo. Disponible en: https://www. eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/reclutamiento-de-menores-van-mas-de-14-000-desde-2002-461490

menores venezolanos ocurren especialmente en Norte de Santander y Arauca, el contexto en el cual se insertan los hace vulnerables a ser víctimas de este fenómeno106 .

Según el SAT, en la Comuna 1 – San Pablo, Comuna 3 – Manrique, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 10 – La Candelaria, Comuna 13 – San Javier, se está presentando la problemática de uso, utilización y/o vinculación de NNA venezolanos a estructuras armadas para la comisión de ilícitos. Un reflejo de esta situación es que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Medellín, “de un poco más de 330 cupos que tiene el centro Carlos Lleras Restrepo, ubicado en el barrio La Pola al 15 de septiembre de 2019, cerca de 60 adolescentes eran de nacionalidad venezolana, 12 mujeres, por lo que se puede afirmar que esta población está en riesgo de Grupos Armados de Crimen Organizado que se aprovechan de la precariedad económica de las familias de estos NNA, ofreciendo alternativas de ingreso ilegal”107 .

En Medellín el riesgo de uso, utilización y reclutamiento es muy alto, y están asociado a contextos como el control territorial de actores armados donde es muy difícil no “hacer parte de un grupo” o estar del “lado de un grupo” por los distintos mecanismos de violencia.

Dada los altos niveles de vulnerabilidad de la población venezolana y la dificultad en movilidad social en donde se pueda superar las dinámicas de pobreza o evadir a quienes hacen el control territorial en los barrios, son pocas las posibilidades de los niños, niñas y adolescentes de no estar afectado por la dinámica de actores armados ilegales. A su vez, las economías ilegales preponderan y los jóvenes son impulsados a consumir droga, como estrategia tradicional para involucrarlos a su vez en el mercado de estupefacientes en las diferentes escalas108 y a partir de allí, a las estructuras delincuenciales y de crimen organizado.

En entrevista con una de las organizaciones de la sociedad civil, se evidenció un riesgo importante para el reclutamiento de NNA, tanto para la población venezolana, como la población colombiana retornada que llega a Medellín, ya que desconocen todas las prácticas de reclutamiento de los actores, particularmente, aquellas relacionadas con la persuasión, a través de técnicas como el enamoramiento, la donación de ropa e implementos escolares para progresivamente ir vinculando a los NNA109 .

Las estrategias de reclutamiento, uso y utilización de NNA pasa por el ofrecimiento de salarios de hasta $1.200.000 por venta de estupefacientes110 en plazas de vicio111; trabajar como informante o “campaneros”; movilizar drogas o armas popularmente conocidas como “carritos”; guardar armas o estupefacientes en sus casas112; cobro de vacunas; extorsiones y en casos extremos, para sicariato113. “Los actores [armados ilegales] capitalizan a personas que hayan pertenecido a fuerzas armadas, [que tengan] experiencia en uso de armas y explosivos para vincularlos a los grupos armados ilegales”114 .

Las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, desconocimiento de las dinámicas territoriales y debilidad en las redes de apoyo de las familias y NNA migrantes y refugiándose provenientes de Venezuela, son usados por las estructuras delincuenciales en su beneficio para el reclutamiento, uso y/o utilización de NNA en actividades asociadas a economías ilegales.

106 Caracol Radio (19/11/2019) 140 alertas tempranas de reclutamiento de menores, entre ellos venezolanos. Caracol Radio. Disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2019/11/19/medellin/1574182969_809204.html 107 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta Temprana AT 032 de 2020, P. 74. 108 Ibíd. 109 Información obtenida en entrevista con organización # 1. 110 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25. 111 Información obtenida con institución pública # 26. 112 Ibíd. 113 Información obtenida en entrevista con institución pública # 28. 114 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25.

Además de lo analizado anteriormente, según la información de Fiscalía y Policía Nacional los casos de lesiones personales son relevantes en el escenario actual, teniendo en cuenta que 2018 registró 49 casos, para 2019 se presentaron 92 y para 2020 (corte a 30 de agosto), se tuvieron denuncias de 56 casos de población venezolana víctima de lesiones personales.

Gráfico 74 Lesiones personales población venezolana en Medellín (2015 - agosto 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Policía Nacional y Fiscalía (30 agosto 30).

Para el 2019 Policía Nacional registró 67 casos de lesiones personales, el 45% de los casos tuvo como causa de lesiones personales por intolerancia social, seguida de problemas familiares que representa el 6% de los casos, hurto con 6%, y venganza con 4,5%; también se registra un caso por procedimiento policial. Lo anterior indica un incremento de hechos violentos hacia población venezolana y una variación en las causales, teniendo en cuenta que en 2018 se reportaron 43 casos, de los cuales el 92% tuvo como causa la intolerancia social.

Ponderando la información de lesiones personales y siguiendo la información de Policía Nacional para ambos años, se tiene que la comuna donde más se presentan casos es la Comuna 10 con 51 casos entre 2018 y 2019, es decir, el 46%. Siguiendo con el análisis de lesiones personales de esta comuna, en 2018 se registraron 16 casos, mientras que en 2019 se registraron 35, esto quiere decir que en un año hubo un incremento del 118% de lesiones personales. Esta información podría dar indicios de la condición de vulnerabilidad de la población venezolana en la Comuna 10 de Medellín, el centro de la ciudad, que es considerada como un territorio de alto riesgo por las riñas asociadas a la vida nocturna, pero sobretodo, por las 42 estructuras que operan en la comuna, conocidas como las convivir y también de delincuencia común115 .

Frente a la descripción de las víctimas, analizando la información para 2019-2020 (agosto), 69 casos (46%) son de género masculino; mientras que 73 casos (49%) es de género femenino; por otro lado, 52% del total de casos está en un rango etario de 18 y 28 años, mientras que el 34,4% están entre los 29 y 59 años.

115 Defensoría del Pueblo (17/07/2020). Alerta Temprana AT. 032 de 2020, p. 35.

Gráfico 75 Lesiones personales en población venezolana en Medellín, clasificados por sexo (2019 - agosto 2020)

Fuente: SISDHES - CODHES con datos de Policía Nacional y Fiscalía (agosto 30).

En las categorías restantes como problemas familiares, hurto o venganza, se evidencia un número menor de casos en comparación con las categorías mencionadas anteriormente. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan casos en los que la población venezolana sea víctima de estos hechos. Podría atribuirse a un subregistro como causas del temor de la víctima a denunciar por su condición de irregularidad y lo que implica esta circunstancia para la permanencia en el país.

Adicionalmente se conocen casos de explotación laboral y discriminación. La explotación laboral se presenta por las extensas jornadas de trabajo y sueldos bajos. Además se presentan casos de discriminación, en donde, a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela se le manifiesta abiertamente que no se les contrata por ser venezolanos, o en algunos casos, la causal del despido es su nacionalidad116 .

Una situación que preocupa a las autoridades locales es la relacionada con la mendicidad y especialmente aquella en donde participan menores de edad. Es difícil establecer que se trate de casos en donde los niños y niñas sean víctimas de mendicidad ajena porque en el trabajo adelantado por la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF), los menores manifiestan estar en compañía de sus padres y que la mendicidad es ejercida como resultado de la situación de extrema necesidad117. Sin embargo, en contraste con esta información, algunas organizaciones sociales han identificado que las familias recurren a los menores como estrategia para aumentar los ingresos que perciben de la mendicidad manifestando “es que si no traigo al niño me dan menos plata”118, e incluso se ha identificado que entre las familias de migrantes y refugiados se prestan o alquilan a los menores a familiares o amigos para estos propósitos119 .

Por último, resulta preocupante el fuerte discurso xenófobo que se presenta en Medellín, el área metropolitana y en otros municipios del departamento que en ocasiones sale de funcionarios públicos y autoridades locales que criminalizan la condición de migrante irregular120. Estos pronunciamientos estigmatizan a la población refugiada y migrante que se traduce en un aumento de los riesgos y vulneraciones que sufren, además de violentar los derechos de los que son tutelares.

116 Información obtenida en entrevista con líder comunitario # 5. 117 Información obtenida en entrevista con institución pública # 28. 118 Información obtenida en entrevista con organización # 11. 119 Ibíd. 120 Información obtenida en entrevista con institución pública # 27.

Si bien este informe no presenta un análisis detallado y exhaustivo de la situación de derechos de la población migrante y refugiada en el departamento de Antioquía y se ha centrado especialmente en las situaciones a las que están expuestos en Medellín, en el proceso investigativo se hicieron algunos hallazgos que resultan relevantes en algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño y que se menciona para introducir algunas necesidades en materia de prevención y protección en esta subregión.

Como es bien sabido, las disputa control territorial por parte de grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos y en menor medica el ELN y disidencias de las FARC ha hecho de esta región un epicentro del conflicto en el departamento afectando de manera generalizada a la población. La subregión del Bajo Cauca es imponte por la presencia de cultivos de uso ilícito y que luego es trasportada al Valle de Aburrá para su posterior envío hacia Norteamérica y Asia. Por otro lado, las vías principales que comunican a Medellín y el departamento con el norte del país atraviesan la subregión de Bajo Cauca por lo que el control de esta región es estratégico.

Esta ruta también es seguida por los migrantes venezolanos que vienen de la costa Caribe colombiana y que se dirigen a Medellín o el centro del país. Justamente por esto, los refugiados y migrantes venezolanos, ante las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad, se ven expuestos de manera particular a hechos victimizantes por parte de estos grupos armados organizados, entre estos destaca el reclutamiento, uso y utilización de NNA, la explotación sexual de mujeres, la desaparición forzada y el homicidio.

Se tiene información que grupos como las AGC y Los Caparrapos recurren al reclutamiento y vinculación de migrantes venezolanos que cruzan por el Bajo Cauca para incorporarlos a sus filas y el desarrollo de actividades relacionadas con las economías ilegales que controlan121, entre esas, el trabajo en los cultivos de uso ilícito y minería ilegal122 .

Así mismo, frente a las dinámicas de reclutamiento, se ha advertido sobre fincas de entrenamiento en los municipios de Caucasia y Tarazá donde son llevados menores e instruidos en el uso de armas de fuego. Particularmente en el municipio de Caucasia se conoce del caso de reclutamiento forzado de un menor de 17 años recurriendo a la amenaza y el caso de otro menor de 14 años que fue reclutado para realizar actividades asociadas al micrográfico en una plaza de vicio del municipio123. Una estrategia a la que recurren los actores armados ilegales es la de vincular a los menores volviéndolos adictos al consumo de drogas y en los dos casos mencionados anteriormente no se presume que hayan sido víctimas de esta estrategia de reclutamiento.

Según la información presentada por Medicina Legal, en 2018 se registraron 2 homicidios de población venezolana en Caucasia, en 2019 según Policía Nacional se tiene registro de 6 homicidios en Cáceres, Caucasia y Tarazá todos con arma de fuego, mientras que en 2020 (con corte a junio de 2020) se registraron 4 homicidios en Caucasia, 1 en El Bagre y 1 más en Cáceres, todos por arma de fuego como causa de la muerte.

Es importante tener en cuenta estas dinámicas por dos aspectos. El primero por ser hechos victimizantes ya ocurridos y que configuran como hechos vulneratorios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Segundo, que ante los efectos de la pandemia y la decisión de retornar de muchos refugiados y migrantes a Venezuela y que deben cruzar por esta subregión del país, lo que los hace de nuevo vulnerables a las dinámicas de violencia que se viven y más aún, con las estimaciones del número de venezolanos que habían retornado a su país, pero que ahora, ante el proceso de reactivación económica decide volver a Colombia.

121 Información obtenida en entrevista con institución pública # 25. 122 Ibíd. 123 Información obtenida en entrevista con institución pública # 26.