Tras la andanada de denuncias por supuestas irregularidades encontradas en varios de los contratos firmados en el 2020 para la realización de la Feria de Cali Virtual, la Procuraduría General emitió un ‘auto de apertura de investigación’ por presunta corrupción contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.
Así lo hizo saber el Ministerio Público en un documento, en el que anuncia el control preferente a ese proceso y le solicita a la Personería de Cali “abstenerse de abrir investigación disciplinaria” por estos mismos hechos o suspenderla de inmediato si la hubiese abierto.
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De acuerdo con el expediente IUS-US-E-2020-654546, en poder de la Procuraduría 1 Delegada para la Contratación Estatal, lo que se busca es establecer responsabilidades en las “presuntas irregularidades acaecidas en el marco del convenio interadministrativo No.4148.010.27.1023-2020”, a través del cual se realizó la Feria de Cali Virtual, en el marco de la pandemia, y en la que la ciudad invirtió más de $12.600 millones.
Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró a través de un mensaje de WhatsApp no tener conocimiento de este proceso. “No, no he sido notificado”, escribió.
El primer pronunciamiento frente al polémico convenio lo hizo la Contraloría Municipal en abril del 2021 cuando aseguró que en la Feria de Cali Virtual hubo un presunto detrimento patrimonial de $5281 millones, el equivalente al 41 % del costo total del evento más importante de la ciudad.
Por eso en el auto de apertura de investigación por presunta corrupción, que inició la Procuraduría General, se incluyó también a José Darwin Lenis, quien era el ordenador del gasto en la Secretaría de Cultura, la entidad que firmó el convenio, y Alexander Zuluaga, entonces gerente y representante legal de la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, quien renunció tras los escándalos.
José Darwin Lenis, actual secretario de Educación de Cali, aseguró que tampoco conoce del tema. “La verdad es que no tengo ninguna notificación”.
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Los implicados, dicen los documentos, modificaron el convenio y cambiaron la estructura de puesta en escena presencial por grabaciones realizadas en diversos estudios, ante la emergencia por pandemia, pero manteniendo los mismos valores. “Estas actuaciones violan las normas de contratación, conllevando a una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica”, dijo la Contraloría en su momento.
Esta decisión, según la exconcejal Diana Rojas, quien ha realizado varias denuncias de presunta corrupción en el gobierno de Jorge Iván Ospina, “es una buena noticia para los caleños porque llevamos casi dos años esperando alguna acción de la Personería sin ninguna respuesta”.
“Lo que sí le pedimos a la Procuraduría es celeridad en el trabajo porque aquí necesitamos respuestas y responsables del detrimento patrimonial por $5200 millones de la Feria de Cali Virtual. El llamado a la Procuraduría es que es importante hacer anuncios, pero lo que necesitamos los caleños son responsables y resultados concretos”, insistió Diana Rojas.
En el convenio interadministrativo entre Alcaldía y Corfecali habría sobrecostos, favorecimientos, contratistas no idóneos, pagos por labores que no se hicieron y compras de elementos que no eran para la feria, entre otros.
Pero por más expectativa que haya en la ciudad frente a los resultados de las investigaciones que determinen lo que ocurrió no solo con los dineros de la Feria de Cali Virtual, sino con los recursos del alumbrado móvil y otros contratos con presuntas irregularidades, también hay escepticismo por el resultado de procesos disciplinarios anteriores.
