El documento que prueba que Uribe extraditó a Mancuso porque quiso
Álvaro Uribe Vélez extraditó a Mancuso el 13 de mayo de 2008.
Crédito: Colprensa.
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Con la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video afirmando que lo extraditó porque supo que había vuelto a delinquir. CAMBIO revela un documento oficial que demuestra que el entonces presidente, más que por haber probado un nuevo delito de Mancuso, lo extraditó porque quiso.
Por: Redacción Cambio
“La orden de su entrega en extradición correspondió a una decisión eminentemente discrecional”. Esta fue la respuesta tajante que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez le dio al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, cuando solicitó que le explicaran por qué, de manera sorpresiva, había sido extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008.
Mancuso, como los otros 13 jefes paramilitares que terminaron en los Estados Unidos, se sentía traicionado por el Gobierno, pues cuando negoció su desmovilización, lo último que se le pasó por la cabeza fue terminar recluido en una celda norteamericana. Esta es la historia de una correspondencia entre un jefe paramilitar extraditado y el gobierno que lo extraditó.
Hacia el final del gobierno de Uribe, Mancuso mandó un derecho de petición a la Presidencia de la República exigiendo ser informado sobre las razones concretas por las que había sido extraditado, los compromisos que supuestamente había incumplido en Justicia y Paz, y sobre en qué sentencia judicial se había acreditado que él había vuelto a delinquir tras su desmovilización, que fue la justificación del entonces presidente para extraditarlo.
En una alocución del 13 de mayo de 2008, Álvaro Uribe le dijo al país que los 14 jefes paramilitares se iban para Estados Unidos porque el Gobierno había podido establecer que “algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”.
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CAMBIO revela el documento de seis páginas con el que el Ministerio del Interior le respondió a Mancuso y que contradice esa versión oficial. Tiene fecha del martes 27 de abril de 2010 y está firmado por el entonces viceministro de Justicia Miguel Ceballos, el mismo que en el gobierno de Iván Duque fue alto comisionado para la paz. Allí, el Gobierno dice que estaba en libertad de “obrar según las conveniencias nacionales” y que la orden de entregarlo en extradición “correspondió a una decisión eminentemente discrecional”.
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“No se observa que en el texto de la Resolución Ejecutiva por medio de la cual se ordenó la entrega, se haya hecho mención a que el fundamento de la decisión hubiese obedecido al hecho de que la persona requerida continuó delinquiendo y por ende tampoco hace referencia a una sentencia de condena”, dice el documento en poder de CAMBIO.
En castellano, eso quiere decir que el Gobierno le aclaró a Mancuso que no lo extraditaron por delinquir, sino porque el presidente quiso. La respuesta se convierte en un elemento clave para entender el lío detrás de las extradiciones masivas y es uno de los alegatos que Mancuso usó para pedir su libertad ante el sistema de Justicia y Paz el viernes pasado: “Me extraditaron sin ningún tipo de justificación (...) Él no me extraditó porque yo hubiese delinquido o incumplido los acuerdos, sino porque era un acto discrecional de él como presidente”.
Resulta al menos curioso que el país se haya enterado a través del propio expresidente Uribe, en su cuenta de Twitter, de que Mancuso ya venía en camino a Colombia. Bajo el título “comunidad informa” dijo: “Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados”.
También es sorpresivo que horas después de la repatriación del exparamilitar, muy temprano, a las 6:27 de la mañana del 28 de febrero, el expresidente subiera un video en su cuenta de Twitter que empieza, precisamente, justificando la decisión de extraditarlo. Uribe tituló el video así: “Fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí”. Luego, el exmandatario dijo: “Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de La Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra Catedral”.
El giro de una relación
Un factor relevante para entender el giro de esta historia es el rol que tuvo Mancuso en el gobierno de Álvaro Uribe. En 2002 hizo parte de las reuniones exploratorias que llevaron en 2003 a la firma del cuestionado ‘Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia’. En 2004 empezó, al menos oficialmente, el diálogo con las llamadas Autodefensas (luego se descubrieron las alianzas de los criminales con buena parte del Congreso para tratar de buscar jugosos beneficios penales). Mancuso fue nombrado representante de esos grupos.
Esa condición le fue ratificada apenas nueve días después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la petición de extradición de Estados Unidos. La extradición es un acto complejo que involucra a las ramas judicial y ejecutiva. La Corte Suprema cumple una función de verificación formal para establecer si la conducta que se le endilga al extraditable en otro país es delito en Colombia, y si la persona capturada es la misma sindicada en el exterior. Una vez la Corte notariza esos requisitos, el presidente de la república puede, discrecionalmente, determinar si extradita al ciudadano.
En el caso particular de Mancuso, Uribe decidió inicialmente no enviarlo porque lo catalogó como un ciudadano de “especial importancia para el avance del proceso de paz”, y optó por subordinar su extradición a tres requisitos: cumplir con los compromisos adquiridos en el proceso de paz, abandonar las actividades ilícitas y contribuir a la participación de los miembros de las autodefensas en el proceso.
La única persona con autoridad para evaluar el cumplimiento de esas condiciones era el presidente de la república. Lo que pasó ya es conocido. Justicia y Paz no logró desmantelar efectivamente el paramilitarismo y la extradición de sus principales cabezas significó un importante retroceso para el sistema, en el que los desmovilizados empezaron a cantar sus verdades, y a mencionar con nombre propio a las personas que los apoyaron, incluidos políticos, empresarios y agentes de la fuerza pública.
Y aunque el entonces presidente Uribe dijo que los ‘paras’ habían vuelto a delinquir, al menos para el momento de la extradición de Mancuso, no se habían iniciado los procesos que contemplaba Justicia y Paz para quitarles legalmente los beneficios a los responsables. De hecho, Mancuso solo aparece hasta 2014 con un proceso en la justicia ordinaria por presunto lavado de activos.
Los defensores de la doctrina uribista afirman que los ‘paras’ fueron extraditados porque traicionaron sus compromisos y volvieron a la senda de la criminalidad. Los detractores del proceso de Justicia y Paz, por su parte, piensan que la extradición de las cabezas del paramilitarismo fue un esfuerzo coordinado del Estado para enterrar una verdad aún no esclarecida que compromete a la dirigencia de una parte importante del estamento político, económico y militar.
El nuevo round entre Mancuso y Uribe
Precisamente, la disputa entre Mancuso y el expresidente Uribe sigue hoy por el esclarecimiento de la verdad. Desde que se desmovilizó, el exparamilitar ha declarado en su contra múltiples veces. En un testimonio de noviembre de 2008, el mismo año en que fue extraditado, dijo que se reunió entre 12 y 15 veces con Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia cuando Uribe era gobernador. En las citas se trataron diversos temas: la creación de las Convivir, la antesala de la masacre de La Granja en 1996, la masacre de El Aro de 1997 y el asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que había denunciado estas dos matanzas ejecutadas por paramilitares y aliados suyos en la zona de Ituango.
Mancuso igualmente dijo que en El Aro hubo tres helicópteros, incluido uno de la Gobernación, que describió como amarillo o naranja. “Ese helicóptero había estado en varias ocasiones reunido con nosotros en Urabá, en la zona cerca a la finca La 35. En ese helicóptero una comisión humanitaria llegó a reunirse con el comandante Castaño, llegaron en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia”, señaló.
En noviembre de 2023, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, quince años después de esa declaración, Mancuso dijo que sí tiene información que involucra a Uribe en el asesinato de Jesús María Valle, perpetrado hace 26 años, luego de una incansable labor de denuncia por la presencia paramilitar en Ituango y la inoperancia de las autoridades.
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“Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe Pedro Juan Moreno (...). Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento”, dijo.
La versión revelada por CAMBIO enfatiza en detalles. Según Mancuso, la planeación del crimen se hizo en una finca llamada Hojaragüai, que se conocía como La Siete, en una reunión a la que fueron Carlos Castaño y Pedro Juan Moreno, “justamente de parte de Uribe”, debido a las duras denuncias que estaba haciendo Valle tanto al gobernador como a los mandos militares de la zona. El exparamilitar también aseguró que las masacres de La Granja y El Aro fueron un pedido “desde el gobernador Uribe a través de Moreno, para las cuales se hicieron planificaciones en la IV Brigada del Ejército”.
El 17 de diciembre de 2023, en entrevista con María Jimena Duzán en CAMBIO, Mancuso responde a la pregunta de si conoció a Álvaro Uribe o al general Mario Montoya, así: “Hombre, usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población. Pregúnteles si no me vieron entrar a la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme en El Ubérrimo. Pregunte”.
En el video publicado esta semana, el expresidente se refiere a ese episodio y lo niega. “Nunca entró a la casa del Ubérrimo. Esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006. Los comandantes regionales de Fuerzas Armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad. He tenido seguridad oficial, nunca privada, desde 1988”, narra Uribe.
Hay algo llamativo: Uribe dice que Mancuso no entró “a la casa” de El Ubérrimo. Y Mancuso sostiene que se reunió con él en la finca, no estrictamente en la casa: “Uribe se ha reunido conmigo. Yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, y me llevó a reunirme a la finca de Uribe, con el gobernador Uribe para aquel momento. Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”.
El coronel Suárez era el comandante de la Policía en Córdoba entre 1995 y 1996. Uribe acepta que fue a visitarlo a su finca para preguntarle por su seguridad: “El vehículo quedó en la calle. Esta casa está sobre una vía pública, muy transitada. El coronel desmintió a Mancuso quien dijo que fueron al Ubérrimo a reunirse conmigo. Dijo Mancuso que no hablamos sobre paramilitarismo en Antioquia. De nada he hablado con Mancuso en la vida. La única presencia que Mancuso pudo tener en El Ubérrimo fue por las vías públicas que cruzan”.
En ese mismo video, el expresidente Uribe insiste en que Mancuso miente y niega haberse reunido con él, pero admite haberlo “saludado” en varias ocasiones. “Jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones”. Y usa la extradición que él mismo autorizó de manera discrecional, según el documento que hoy revela CAMBIO, para negar las acusaciones que le hacen tanto Mancuso como otros exparamilitares.
Esta disputa continuará ahora tanto en la JEP como en la Fiscalía, que adelanta en cámara lenta las pesquisas por el crimen de Jesús María Valle, y las masacres de El Aro, La Granja y de San Roque en las que el expresidente Uribe figura como indiciado. Por ser crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, que la investigación no está sometida a los vencimientos de términos.
Como si fuera poco, la Fiscalía llamó a declarar a Mancuso en el proceso que se sigue al expresidente Uribe por soborno de testigos y fraude procesal. El propósito del delegado de Francisco Barbosa era usar la declaración, silenciosamente citada, a favor de Álvaro Uribe, pero los representantes de las víctimas se percataron y piensan preguntarle al jefe paramilitar sobre temas que podrían ampliar la causa contra el exmandatario.
La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia plantea una nueva realidad política que promete un enfrentamiento sin cuartel entre las distintas expresiones del poder nacional. Resulta paradójico ver que las fuerzas de la izquierda, hoy dueñas de la Presidencia de la República y de la bancada más grande en el Congreso, defiendan y protejan la posibilidad de que el máximo jefe paramilitar con vida esté en libertad, sea protegido por el Estado y recorra el territorio nacional con el título de gestor de paz. Mientras eso ocurre, la derecha, muchos de cuyos miembros aplaudieron jubilosamente a Mancuso en el Congreso, hoy se rasga las vestiduras con su regreso a Colombia y afirma que a un criminal de ese calibre no se le puede creer, que no puede ser protegido y, mucho menos elevado a la categoría de gestor de paz.
