¿Alcanzará la Jurisdicción Universal a Álvaro Uribe?

Los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son susceptibles de amnistías. Existe un concepto conocido como la “jurisdicción universal”, gracias a la cual, por ejemplo, el juez español Baltazar Garzón logró la captura del exdictador chileno Augusto Pinochet. La misma figura ha servido para procesar cómplices de la dictadura de Francisco Franco en Argentina, entre ellos el torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño. La jurisdicción universal busca aplicar justicia allí donde las instituciones y las leyes de los países parecen agotarse o son insuficientes por diversas circunstancias.

Once familias de víctimas de asesinatos en persona protegida ('falsos positivos') y tres organizaciones de la sociedad civil interpusieron una querella en Argentina contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con desapariciones forzadas a manos de miembros de la fuerza pública, cuyas víctimas luego fueron presentadas como bajas en combate.

CAMBIO habló con los abogados que acaban de regresar de Buenos Aires, Argentina, donde iniciaron el “espacio de litigio estratégico”: Daniela Rodríguez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP); Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). 

CAMBIO: Este es un espacio de litigio estratégico, pero también es un proyecto de memoria histórica. ¿Hace cuánto están trabajando en el mismo y cuál es el propósito?

Sergio Arboleda: Esta articulación de organizaciones de derechos humanos viene trabajando desde aproximadamente 2016. La componen 11 organizaciones, dentro de las cuales está el Cajar, el CSPP y la CJL. Nuestro propósito es intentar que las víctimas de crímenes de Estado puedan acceder a un recurso de justicia efectivo e idóneo en Colombia; sin embargo, al tratarse de un enfoque estratégico, hemos considerado que no basta con acudir a las entidades de justicia nacionales, en caso de que éstas sean mecanismos de impunidad. Intentamos llevar los casos a instancias internacionales con el propósito de acceder a mecanismos como este de los tribunales federales argentinos.

CAMBIO: ¿Qué fue lo que hicieron en Argentina? ¿Con qué pruebas llegan, con qué material testimonial y de cuáles instituciones colombianas? 

Daniela Rodríguez: Fuimos a interponer una querella en el marco del principio de jurisdicción universal. Es un proceso que inicia ante los jueces federales en Argentina. Estuvimos allí rodeados de organizaciones internacionales, pero también de organizaciones de derechos humanos y de sobrevivientes de la dictadura en este país que se solidarizaron con la causa colombiana.

El espacio de litigio estratégico ha venido también trabajando en la documentación de los casos, al punto que entregamos una serie de informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero también somos organizaciones que llevamos –en algunos casos– más de 50 años documentando todo tipo de crímenes de Estado.

Decidimos juntar todas las documentaciones, todas las pruebas con las que contamos a la fecha en las que se evidencia la existencia de una práctica asociada a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de guerra, que tienen que ver con casos de “falsos positivos”. Lo condensamos en un documento de cerca de 200 páginas que viene acompañado con más de 200 anexos, que contienen directivas de las Fuerzas Militares, que contienen informes que fueron entregados por las organizaciones, pero también por organismos de derechos humanos a nivel internacional; contienen algunas versiones voluntarias que han sido dadas por comparecientes ante la JEP. Consolidamos una querella lo suficientemente robusta que al día de hoy es conocida por el Juzgado Segundo Federal de Argentina, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien tendrá la tarea de determinar si efectivamente podrá iniciarse una investigación en el marco del principio de jurisdicción universal.

Cuando se acude a mecanismos como estos es porque en el sistema jurídico interno no se logró encontrar una respuesta efectiva para determinar quiénes son los máximos responsables de estos crímenes, y para garantizar, justamente, que las víctimas puedan tener verdad, justicia, reparación y no repetición por estos hechos. La jurisdicción argentina contempla en su constitución el principio de jurisdicción universal y permite que víctimas, sin importar su nacionalidad, y victimarios en similar sentido, sin importar su nacionalidad, puedan acudir a este tipo de procesos teniendo en cuenta que se trata de casos que afectan a la humanidad.

CAMBIO: Esta querella que ustedes están emprendiendo, ¿va dirigida solamente contra el expresidente Álvaro Uribe o incluye otros expresidentes o funcionarios implicados? Precisemos el marco temporal que abarcaría.

Sebastián Escobar: Esta querella la presentamos, en principio, dirigida contra la figura del expresidente Álvaro Uribe, por hechos ocurridos entre 2002 y 2008, que constituyen esta práctica de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate por el Ejército Nacional, pero que ocurrieron fundamentalmente al amparo de la política de seguridad de la época. Ese es el marco temporal que prevé la querella. La razón para que se concentre en el expresidente de la república se debe a los mecanismos de impunidad, obstáculos que hay tanto jurídicos como fácticos o reales para que podamos hablar de justicia en este caso.

Hemos señalado la importancia de la JEP para juzgar a los máximos responsables de estos hechos, pero es una jurisdicción cuyo alcance solo posibilita la investigación y eventual juzgamiento de aquellas personas que ostentaron la calidad de combatientes. Y esto porque las normas, el acto legislativo que creó la JEP, prevé expresamente que no se pueden cambiar las reglas de juzgamiento de las personas que han ejercido el cargo de la Presidencia de la República.

Esto no quiere decir que la jurisdicción argentina se deba concentrar exclusivamente en la figura de Álvaro Uribe. Esto deberá analizarse a la luz de los avances del macrocaso y también de los avances de la propia jurisdicción argentina. Pero existe otro obstáculo a nivel nacional para que la JEP pueda enjuiciar a otros civiles que no sean combatientes. Ahí, eventualmente, si la jurisdicción argentina decide avanzar hacia esas figuras, podrían también abrirse investigaciones en contra de otras personas civiles que pudieron tener algún tipo de responsabilidad en los hechos, que no se han sometido a la JEP y sobre quienes los mecanismos de justicia colombianos hasta ahora han sido ineficaces a la hora de abordar sus presuntas responsabilidades. 

CAMBIO: ¿Sería impreciso comparar la renegociación que hubo después del 'No' al Plebiscito con el Pacto de Olvido que, en 1977, se hizo en España después de la dictadura de Franco? ¿Es un pacto que dejó “intocables”? 

Sergio Arboleda: En Argentina, las organizaciones de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, nos planteaban que vivieron algo similar con el punto final. Podían avanzar en cierta medida, acceder a verdades, a claras responsabilidades, establecidas a partir de los juicios que se llevaban a cabo, incluso también en el tema de España; pero había ciertas personas que eran intocables, o a quienes se les indultaba o se les perdonaba esos actos criminales y de lesa humanidad.

En efecto, podríamos plantear que el proceso de paz era necesario en nuestro país, pero también es necesario saber toda la verdad. Las víctimas están en el derecho de conocer y establecer todas las responsabilidades necesarias, no solamente en las entidades armadas, en este caso el Ejército y la Policía Nacional, sino también los mandos civiles que quedaron por fuera o excluidos de la competencia de la JEP, lo que significa que la jurisdicción universal, en este caso, llega a complementar lo que la justicia colombiana no ha podido abordar, ya sea por incapacidad, falta de voluntad o exclusión de la competencia por una norma de carácter expresa que impide la responsabilidad de los expresidentes, particularmente de sus ministros de Defensa de la época y de Álvaro Uribe Vélez.

Estamos hablando de unos hechos que ocurrieron de manera sistemática, generalizada, casi que podríamos hablar que estadísticamente el Ejército Nacional asesinó a tres colombianos y colombianas a diario entre 2002 y 2008 a partir de los casos documentados de ejecuciones extrajudiciales hechos por la JEP, que publicó esa cifra de 6.402 casos de víctimas de ejecuciones, 6.112 de ellas ocurridas durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Hay que recordar que en este momento en que Álvaro Uribe Vélez asume la Presidencia, las ejecuciones extrajudiciales se convierten en una práctica reiterada, sistemática, por parte del Ejército Nacional. 

Sebastián Escobar: Equiparar la situación española con la colombiana quizás no es totalmente adecuado: la transición española se caracterizó por una falta absoluta de cualquier mecanismo o iniciativa de rendición de cuentas y yo creo que ese no es el caso colombiano: tenemos una jurisdicción creada en el marco de ese Acuerdo de Paz, pero es una jurisdicción que después de su formulación, en el marco normativo y después del estudio que hizo la Corte Constitucional, enfrenta varios obstáculos. Uno de ellos es el juzgamiento de personas civiles y de las personas que ejercieron este cargo de la Presidencia por su presunta responsabilidad en este tipo de crímenes, casi que al punto de concentrar casi que exclusivamente la responsabilidad en las personas que fueron combatientes. Esto me hace un poco recordar en algún momento una frase célebre de Rito Alejo del Río, cuando anunciaba una cierta instrumentalización de parte de la fuerza pública en este tipo de procesos de rendición de cuentas. La pregunta es, entonces ¿qué deben hacer las víctimas y las organizaciones cuando encuentran serios indicios de responsabilidad de estos actores? Desafortunadamente a nivel local las posibilidades, luego de una evaluación consciente y profunda de los escenarios judiciales para ese tipo de actores con poder político, era que no existían, o que, si existían, son realmente ineficaces, como la Comisión de Acusaciones. Después de un estudio de todas las circunstancias, las organizaciones hemos decidido acudir a esta instancia internacional. 

CAMBIO: Gracias por la precisión. Además está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), cuyo trabajo se ha tratado de deslegitimar, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que, con la JEP, hacen parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Podríamos hablar un poco de los casos incluidos en la querella y aquellos que quedan por fuera?  

Daniela Rodríguez: La CEV plantea en sus recomendaciones la necesidad de modificar esta Comisión de Acusaciones, al advertir que allí tal vez podría generarse un escenario para la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos. En relación con los casos de la querella, en esta ocasión acudimos 11 víctimas, pero es muy importante hacer la claridad de que siete de ellas se encuentran aún como personas no identificadas.

Las cuatro personas cuyos familiares ya están identificados y que viajaron con nosotros a Argentina tienen que ver dos con casos que comprometen la responsabilidad de las unidades de la costa Caribe, el Batallón de Artillería N. 2 La Popa; una tiene que ver con la responsabilidad de la Brigada 16 del Ejército Nacional, y otra tiene que ver con la responsabilidad del Batallón Pedro Nel Ospina. Advertimos que son unidades que han sido exploradas por la JEP, es allí en donde se ha dado también un poco una comprobación de todas esas versiones, de todas esas documentaciones que habíamos hecho desde las organizaciones de derechos humanos.

Estos casos permiten ilustrar cuál fue la práctica que se llevó a cabo entre 2002 y 2008. Nosotros en la querella advertimos la existencia de un patrón que tiene principalmente dos modalidades: una inicial, en la que se evidencia esta motivación contrainsurgente y esta idea de ganar la guerra; y una segunda modalidad que está ligada a cómo continuar con esa idea de un ejército que produce resultados, que hace que se perfeccione la práctica, al punto de buscar en ciudades lejanas a personas con unos perfiles particulares para trasladarlas a otras ciudades mediante engaños, con el propósito de asesinarlas y, en algunos casos, desaparecerlas. Algunos de estos cuatro casos identifican la participación de otras instituciones del Estado, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Para nosotros este es un punto de partida: el hecho de que estas cuatro víctimas hayan podido acudir principalmente a la jurisdicción universal abre la puerta para que más adelante otras organizaciones y otras víctimas que hacen parte de este universo identificado de 6.402, puedan acudir a la querella.

Un ejemplo de esta estrategia en cascada o progresiva es el proceso del franquismo que se sigue en la jurisdicción argentina. En 2010, iniciaron el proceso una pequeña parte de las víctimas; pero se permitió, posteriormente, que, incluso a través de los consulados, llegaran a ser parte del proceso todos aquellos quienes tuvieran interés en los resultados de la causa. Esperamos que este sea el curso que siga la querella que acabamos de interponer. Sabemos que hay víctimas que se encuentran interesadas en formar parte de este proceso. Al día de hoy, casi ocho días después de haber interpuesto la querella, hemos contado con mensajes de interés para formar parte de este proceso. Valga la pena decir: ha sido respaldado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), que agrupa organizaciones también de México, de Brasil y de otros países; así mismo eso lo hemos tenido en el nivel interno. Tendremos que surtir unas etapas iniciales del proceso que tienen que ver con la ratificación de la querella, con el envío de algunos exhortos a mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), pero también con mecanismos internos en la jurisdicción colombiana, la Comisión de Acusaciones y la JEP, entre otros. Posterior a esto sí esperaríamos consolidar la estrategia. 

CAMBIO: Existen dispositivos en el discurso de lo público para legitimar o deslegitimar verdades: el negacionismo histórico. ¿Cuál ha sido el papel del negacionismo histórico, de las narrativas que crea y, además, de personajes clave para sostenerlo (como Darío Acevedo, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica; o figuras relevantes que protegen política y discursivamente al expresidente Álvaro Uribe, como el expresidente Iván Duque o la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez)?  

Sebastián Escobar: Este fenómeno criminal de los ‘falsos positivos’, como tantos otros, ha generado cierta polarización, narrativas aparentemente contrapuestas de todo lo que fue este fenómeno macrocriminal. Para eso han sido funcionales muchos actores de la actualidad política, claramente el expresidente Iván Duque, Darío Acevedo; también algunos parlamentarios que han salido a relucir con estas narrativas de que las 6.402 víctimas son una invención de la JEP. Acciones como estas, orientadas a generar escenarios novedosos de justicia para las víctimas cuando consideran que hay obstáculos para poder acceder a la justicia nacional frente a los máximos responsables, contribuyen a generar brechas y fracturas en ese discurso del negacionismo que se ha posicionado en ciertos sectores.

Las organizaciones que estamos aquí hemos abordado este tipo de narrativas a partir no solamente de acciones judiciales sino de eso que llamamos litigio estratégico y de una comunicación que fomente unas nuevas narrativas. Una acción que se volvió viral es la del mural “¿Quién dio la orden?”, que ha logrado desplazar la discusión que en un primer momento se centró en deslegitimar a la víctima, en señalarla como un presunto criminal que no se “había ido a sembrar café”, a rotularla como un “daño colateral”, incluso como un objetivo legítimo de la fuerza pública. Hoy esa narrativa se centra en quién dio la orden: esta apuesta estratégica es un esfuerzo de años de documentación, de litigio, de presentación de estos informes a la JEP, que nos permite ir progresivamente abriendo estas rupturas en ese negacionismo, que hoy contemos con acciones mucho más claras por parte de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa, de reconocimiento de que hay una responsabilidad del Estado en estos crímenes.

A esto también apunta la querella. Es muy llamativo cómo ha evolucionado el propio negacionismo del expresidente, que en un principio negaba los hechos, que los justificaba como crímenes legítimos porque a las víctimas se les rotulaba como presuntos actores ilegales, y hoy vemos cómo sacó un twitter en donde reconoce que el fenómeno existió, que supo en los primeros años de su gobierno. Ahora trata de posicionar su narrativa en las medidas que supuestamente el adoptó: ahí es donde nuestra querella quiere empezar a reconstruir esa historia. Durante los primeros años no solamente no adoptaron ningún tipo de medidas sino que, a pesar de que tenía el conocimiento de que estos hechos se cometían, siguió irresponsablemente presionando a unas tropas que estaban predispuestas a la comisión de esos crímenes a sabiendas de que iba a ser un resultado totalmente previsible.

CAMBIO: Este tipo de litigios dependen mucho del panorama político tanto nacional como internacional. ¿Qué efectos diplomáticos podría tener en caso de que sea elegido como presidente de Argentina Javier Milei… o Sergio Massa? O, si dura mucho el caso, cuando Gustavo Petro deje el poder.

Sebastián Escobar: En un estado social de derecho tendría que caracterizarse la dinámica social y política por la división de poderes: que el Ejecutivo no incida de manera negativa en las decisiones judiciales; pero la realidad es otra. Todos estos cambios electorales de presidentes, de gabinetes, evidentemente termina incidiendo en el desarrollo de lo que van a ser otros estamentos del poder público. La lectura que hicimos estando en Argentina es que hay un discurso de la derecha radical que representa Milei y es arrebatar a muchas de las víctimas la posibilidad de que puedan ejercer sus derechos, incluso cuestionando o alimentando esa visión negacionista de lo que ya creíamos haber superado América Latina, acerca de la desaparición forzada, alrededor de la dictadura argentina. Hasta ese punto ha llegado la postura de Milei: cuestionar el número de víctimas, plantear que se vivió una guerra y que había víctimas de ambos lados; entonces se termina estigmatizando a las víctimas de la dictadura. Ese discurso va encaminado a solventar un camino para arrebatar garantías en la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos y sociales de Argentina plantean su preocupación, nos manifestaban que en este momento los casos estaban un poco congelados esperando las elecciones del 19 (de noviembre), el ballotage, que eso iba a determinar el rumbo de todas estas investigaciones. Estamos muy esperanzados en que esta investigación pueda llegar a feliz término para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, no solamente las que están en Colombia, sino las que hay fuera del país. Tenemos la esperanza de que esta posibilidad del cambio de gobierno no vaya a afectar sustancial y drásticamente la instrucción frente al Gobierno colombiano, que en el momento en que se envíen los exhortos o que se oficie el Gobierno colombiano para que aporte la información necesaria, los tribunales tanto de justicia ordinaria como transicional, van a aportar la información necesaria para esclarecer. 

CAMBIO: ¿Cuáles son esos escenarios probables: emisión de una circular roja, tratados de extradición?

Sergio Arboleda: Al inicio intentamos conversar acerca de solicitar una extradición del expresidente. Esta querella tiene un propósito y es ir alimentando probatoriamente lo que se pueda dar dentro de la instrucción, ir aportando elementos a la Fiscalía y al juzgado para que adopten decisiones que puedan ir impulsando sustancialmente esta causa, ir abonando el terreno para ir escalando y demostrando la responsabilidad que pueda tener el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya hemos aportado 262 anexos que pueden abrir la puerta, pero que no impiden que podamos aportar otros elementos que demuestren esta responsabilidad. Estamos en un momento muy preliminar, por eso es la necesidad de que otras víctimas y organizaciones hagan parte de la querella, así podemos engrosar de información y de pruebas el caso. 

Sebastián Escobar: Los debates y las discusiones en los últimos días en Argentina exceden el escenario local de ese país. Lo que vemos es cómo se han posicionado ciertas narrativas que articulan a la derecha regional y que la articulan en diferentes escenarios. Por un lado, el rol del Estado en las economías y la vida pública; pero un punto grueso ha sido el revisionismo histórico en torno a los episodios de graves y masivas violaciones a los derechos humanos en el continente. Milei representa eso en Argentina, y su vicepresidenta (Victoria) Villarruel, es un discurso de revisionismo histórico, alentado por expresidentes de la región entre ellos Iván Duque y Andrés Pastrana. Es importante ver esto como un fenómeno latinoamericano, que en pasados meses tuvo un escenario fuerte en la representación de los comisionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; cómo países articulados en este discurso de la extrema derecha posicionaban los nombres de personajes abiertamente antiderechos en un organismo para la defensa de los derechos humanos. Todo eso representa la candidatura de Milei, un escenario muy complejo regional frente a este revisionismo histórico. Eso no implica para las organizaciones y para las víctimas dejar de movilizar sus demandas de justicia, de verdad. Hicimos un ejercicio muy interesante en Argentina y es la articulación del movimiento social de los movimientos de familiares de víctimas de las organizaciones de derechos humanos allí y en otros rincones de la región para seguir posicionando estas demandas. 

CAMBIO: Si llega a tener éxito este litigio, ¿la idea es tener una captura o restringir movilidad? ¿Cuál es el propósito con respecto al expresidente Uribe? 

Sebastián Escobar: El propósito inicial con el que presentamos la querella es que pueda haber un juicio criminal en contra de Uribe en el marco de la Jurisdicción Universal en un país como Argentina, que ya ha abierto varias causas. Esto puede pensarse como una estrategia de largo plazo que puede enfrentar obstáculos de todo tipo, claramente diplomáticos. Habrá que ver esos elementos políticos que atraviesan ambas naciones; para cada uno de esos momentos tenemos que estar permanentemente revisando nuestra estrategia.

Por ahora, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en que supere la fase inicial de admisibilidad, que la justicia argentina decida abrir formalmente una indagación sobre la base del principio de jurisdicción universal. Esperamos que el juzgado en los próximos días empiece a realizar los exhortos y los oficios a las autoridades judiciales a nivel local, para que informen sobre el desarrollo de las investigaciones en contra del expresidente. Y combinarlo con una participación cada vez más robusta y masiva de las víctimas que le permita al juez a quien le correspondió el estudio de esta acción, entender que detrás de esto no estamos solo tres organizaciones a las que el expresidente deslegitima y acusa permanentemente de tener intereses políticos, sino que detrás de esto hay todo un movimiento de víctimas masivo que exige justicia. 

CAMBIO.: Están dando los primeros pasos, esperando que la querella sea aceptada, pero a medida que vaya avanzando, en el discurso de lo público, es muy importante el papel de los movimientos de víctimas, de la sociedad civil, colectivos de madres de desaparecidos…

Daniela Rodríguez: Somos conscientes de que un proceso como este es una disputa que va mucho más allá de los escenarios judiciales. Ya hemos contado con voces de movimientos de víctimas, de organizaciones de Colombia que están interesadas. Esperaríamos, por ejemplo, contar con la participación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que agrupa a víctimas que luchan contra la impunidad, creado en el año 2005 en un contexto donde se instalaba el proceso de Justicia y Paz. Los próximos días vendrán actividades de socialización que nos permitan dar a conocer mucho más qué es la jurisdicción universal, qué se puede esperar, qué no. Esperamos contar con el acompañamiento de organizaciones internacionales veedoras de la situación de derechos humanos en nuestro país, porque hemos advertido en las primeras reacciones del expresidente una deslegitimación sobre el rol de las organizaciones sociales de los movimientos de víctimas. Consideramos pertinente que existan garantías en el marco de estos procesos. El expresidente Álvaro Uribe ha planteado que esta querella en Argentina le da la posibilidad de tener una nueva instancia para revelar su inocencia, esta vez ante mecanismos internacionales. Aquí cobran mucha relevancia los movimientos sociales, luchando por saber quién dio la orden, como lo planteamos desde la campaña por la verdad, pero también luchando por la memoria, contra el negacionismo. Sería importante que pueda haber una reflexión de cómo no se trata de un pequeño grupo de organizaciones pidiendo verdad y justicia, sino de cómo esto le interesa incluso a la sociedad colombiana, que lleva más de 50 años en un conflicto armado que no pudo terminarse desafortunadamente con la firma de un acuerdo de paz.

CAMBIO: El 9 de noviembre, el expresidente Uribe publicó en su cuenta de X:

¿Cómo responder a este señalamiento?

Sebastián Escobar: Hemos debatido bastante entre nosotros si realmente tiene sentido responder a este tipo de ataques. Esto no es nuevo, esto lo ha hecho históricamente, es una de las razones que alegamos en la querella. Cuando pusimos en conocimiento del Estado esta práctica desde tempranas fases de la seguridad democrática en 2003, fueron este tipo de acusaciones las que salieron a denunciar en el marco de lo público: que éramos parte de la estrategia jurídica del terrorismo, que solamente teníamos animadversión contra la fuerza pública. Esas fueron las razones para desestimar alegaciones y denuncias que a la postre resultaron tener toda la credibilidad y que generaron que se terminara victimizando a una parte importante de la población. Estamos hablando de más de 6.400 víctimas. Es paradójico que continúe esa práctica de deslegitimación de las organizaciones de la sociedad civil. El Cajar es una organización de 45 años de historia de la representación judicial de las víctimas en el país y creo que esa trayectoria y esa experiencia habla por sí sola. Seguiremos concentrados en nuestro trabajo.

CAMBIO: En redes sociales y en conversaciones informales, muchas personas se preguntan: ¿por qué llevan al expresidente Uribe a la justicia internacional y por qué no llevan a la guerrilla? ¿Por qué es distinto un crimen de Estado?

Sebastián Escobar: Los mecanismos judiciales internos no tienen ninguna limitación a la hora de establecer la responsabilidad de los exintegrantes de las Farc. La jurisdicción puede, en ejercicio de sus facultades, adoptar decisiones de responsabilidad sobre las personas que integraron las máximas instancias de las Farc, entre ellas el secretariado, y así lo hizo en el marco del caso 01; mientras que en Colombia, a pesar de que su Constitución reconoce que el comandante supremo de las Fuerzas Militares es el expresidente de la república, la jurisdicción tiene mecanismos de impunidad y obstáculos jurídicos para investigar a esta persona. En el derecho comparado se reconoce el fuero a la persona de los presidentes de la república y esto tiene una razón en las funciones que un jefe de Estado realiza; pero también en el derecho comparado este es un fuero que se limita exclusivamente al periodo de funciones, y en Colombia se extiende durante todo el tiempo para los hechos que ocurrieron en la Presidencia: esto es un mecanismo de impunidad desproporcionado que imposibilita el acceso a la justicia de las víctimas. Esto frente a lo que tiene que ver con un mecanismo de procedibilidad, pero existen muchas otras razones para considerar que los crímenes que provienen del Estado, de las instituciones, a quien la sociedad le confió su guarda y protección, tienen un nivel de reproche mucho más alto que aquellas que provienen de las personas que se levantaron en armas para atacar al sistema constitucional y legal, para transformarlo. No se trata de hechos equiparables.

Daniela Rodríguez: En estos crímenes de Estado se presenta la particularidad de que las instituciones que tenían la obligación de salvaguardar la vida y de proteger a las y los ciudadanos, generaron todo un plan amparado en políticas para agravar su situación, para asesinarlas y, en algunos casos, desaparecerlas forzadamente. Estamos buscando que se declare esa responsabilidad, que se note que aquí no se trató de ‘manzanas podridas’ que intentaron instalar una práctica para recibir beneficios o para recibir otro tipo de aliento para cometer esta práctica, sino que hubo unas cabezas principales que permitieron que esta práctica se cometiera.

Sergio Arboleda: Si uno hace un balance no solamente desde la JEP sino desde la justicia ordinaria, hemos encontrado que históricamente la Fiscalía General de la Nación ha sido muy efectiva para investigar los crímenes cometidos por la insurgencia y no podemos tener un punto de comparación con los crímenes cometidos por agentes estatales que, a diferencia de los primeros, sí ha tenido una impunidad que ha reinado nuestro país. Las comandantes de la insurgencia tienen hoy condenas como actores ausentes de la justicia pero tienen condenas por masacres, secuestros. Si comparamos eso con la investigación hecha por la justicia ordinaria, encontramos que hay una disparidad en investigación de un lado y del otro. Es por eso también que no solamente se puede restringir esa lectura con la JEP sino que con la justicia ordinaria también encontramos mecanismos efectivos para investigar estos crímenes.

CAMBIO.: ¿Cómo está la seguridad personal de ustedes y de sus grupos de trabajo?

Daniela Rodríguez: Uno de los análisis que hacíamos antes de interponer esta denuncia tenía que ver justamente con la situación de seguridad, no solo de las tres personas que nos encontramos aquí sino de nuestras organizaciones y de las víctimas que valientemente se atrevieron a dar sus nombres, a poner sus rostros en las distintas entrevistas que tuvieron la semana anterior. A partir de allí hemos tomado algunas medidas que llevan a que, en caso de presentarse alguna situación de seguridad, podamos actuar de una manera pronta.

Hemos estado muy alertas de las situaciones que se puedan presentar. Somos tres organizaciones que en otras instancias hemos sido perseguidas, estigmatizadas, que tenemos en el interior de nuestras organizaciones números importantes de personas desaparecidas, exiliadas, víctimas de violencia sexual, de tortura. Nos encontramos redoblando esfuerzos con mecanismos de la comunidad internacional, con organizaciones encargadas de protección en este tipo de situaciones, para que podamos hacer estos análisis conjuntos y tomar las medidas que sean más adecuadas. Tenemos víctimas que residen en departamentos y municipios totalmente alejados: es allí donde hacemos el llamado a la implementación de estas garantías que desafortunadamente no existen en nuestro país; lo planteo por el número de líderes y lideresas asesinados pero también por el número de víctimas que han decidido participar en la JEP y que han tenido riesgos de inseguridad. Estaremos haciendo valoraciones y análisis de manera progresiva y haciendo un llamado al Estado colombiano para que nos permita continuar ejerciendo este derecho como ciudadanos y ciudadanas colombianas, y a las víctimas como sujetos políticos que pueden acudir a este tipo de instancias internacionales. 

Sergio Arboleda: La CJL también ha sido víctima de algunos intentos de agresiones. Hace algunos años el Ejército Nacional intentó ingresar a nuestra sede de manera irregular por parte de integrantes de inteligencia. Esta coyuntura pone en el ojo de los riesgos a la CJL, al Cajar y al CSPP, pero hemos sido conscientes de eso. Lo que más nos preocupa es la integridad de las víctimas. Tanto nosotros como organizaciones como las víctimas querellantes podemos pensar algunas medidas definidas con el propósito de disminuir un poco los riesgos.

Sebastián Escobar:  Cuando hacemos una acción de esta envergadura, prevemos diferentes tipos de riesgos: riesgo físico y riesgos frente a la difamación en contra de las organizaciones cuando actúan frente a determinados poderes establecidos. Si hay alguna situación en contra de una de las víctimas, por su vulnerabilidad y por los lugares en los que habita, poder activar mecanismos de protección nacionales e internacionales de una manera lo más rápida posible. Quizás uno de los riesgos que ya ha empezado es el de la estigmatización. De la estigmatización a la agresión física hay un paso, no tiene que ser una agresión directa sino como lo que hoy se llaman ‘bodegas’ y seguidores. Eso claro que prende las alarmas frente a eventuales escenarios de riesgo. Allí, simplemente, hacemos un llamado desde estos micrófonos a la solidaridad de la sociedad colombiana, de los organismos nacionales e internacionales, frente a las organizaciones y víctimas que hemos emprendido este camino de justicia.