3. 
El 11 de agosto de 2011 el director del IDEA (Instituto de Desarrollo de Abtioquia) Álvaro Vásquez suscribe la concesión a favor de EPM gerenciado por Federico Restrepo, en presencia del Alcalde de Medellín (Alonso Salazar) , y el gobernador de Antioquia (Luis Alfredo Ramos).
4. Hubo irregularidades en la licitación, veamos: a) se realizaron modificaciones a los requisitos de la licitación en materia de capacidad crediticia y experiencia de los proponentes para beneficiar a los contratistas seleccionados b) EPM decidió mantener confidencial la información sobre la evaluación de ofertas para facilitar un manejo inescrupuloso de la licitación; y c) el contrato ha sufrido modificaciones y enmiendas que aumentan su valor después de la adjudicación, lo que haría que su costo fuese más alto que el de otras propuestas.
5. EPM ha tenido una clara responsabilidad a partir de sus gerentes y miembros de su Junta Directiva, nombrados por los alcaldes Federico Gutiérrez, Aníbal Gaviria y Alonso Salazar.
6. Detrás de todo ello está el poder del Grupo Empresarial Antoqueño GEA, ellos van de lo privado a lo público y viceversa, es decir obtienen información privilegiada, ejercitan relaciones extremas y se hacen a los negocios.
7. El embalse es sinónimo de impunidad para las comunidades de la región; previo al llenado del embalse de Hidroituango, se debe verificar la existencia de cuerpos de personas desaparecidas víctimas del conflicto armado. Este tema ha llegado a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con la Unidad de Víctimas, en Ituango han sido reportadas 3.751 personas desaparecidas y, en total, están registradas 16.139 víctimas del conflicto armado. En la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico (Toledo, Briceño e Ituango), hay por lo menos 815 víctimas de desaparición forzada. En el cañón del río Cauca, donde se desarrolla la obra, los frentes 18 y 36 de las Farc, así como el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) libraron fuertes confrontaciones armadas, por lo cual existen altas probabilidades de que cuerpos de desaparecidos puedan estar en esta zona. Ante la CIDH, el Movimiento Ríos Vivos señaló que el llenado del embalse vulneraría los derechos de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
María José Pizarro, en el debate realizado en la Plearia de la Cámra de Representantes de Colombia indicó que existen violaciones a los derechos humanos y “tiene a su alrededor unas 10.074 víctimas, entre las que se incluyen 115 masacres (El Aro, La Granja, Ituango), ocurridas entre 1969 y 2018".
8. El 28 de agosto de 2013 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó proseguir la detención preventiva de Luis Alfredo Ramos por sus vínculos con grupos paramiltares. Actualmente está a la espera del fallo de la Corte Suprema. El personaje le dio un fuerte abrazo a la campaña de Iván Duque, días antes se había inscrito al partido de gobierno.
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9. La Contraloría General de la República, afirmó en su reciente auditoria que encontró 35 hallazgos, de los cuales 9 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal. La autoridad de licencias ambientales lamentablemente tiene una lista de apenas 9 resoluciones que modificaron la licencia ambiental que se expidió en 2009, 10 años después que EPM solicitara el permiso para construir la presa. El organo de control indicó que el Ministerio de Ambiente expidió una licencia ambiental para Hidroituango, “a sabiendas de que el lugar presentaba una cantidad de fallas geológicas, ampliamente conocidas y registros de derrumbes frecuentes”. Hecho que ha provocado, según el ente regulador, daños sociales y ambientales incalculables. Adiciona que EPM ocultó información a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y avanzó en la construcción de las obras sin la licencia requerida. Y lo más grave es que las comunidades tampoco habrían contado con la información suficiente sobre los riesgos del proyecto.
10. Las funciones de la ANLA han dejado mucho por desear, ya que frente a tantas irregularidades no se ha generado ni una sanción a EPM y manifestó que “las compensaciones, la protección de especies amenazadas y la reforestación, entre otras obligaciones, llevan mucho tiempo de retraso y la ANLA en vez de hacer uso de su competencia sancionatoria, cada vez fija nuevos plazos para su cumplimiento, en detrimento de las condiciones ambientales de las zonas afectadas por el proyecto”.
11. La Contraloría indica a su vez que no existe un plan de contingencias ajustado a los riesgos reales del proyecto, lo cual ocasionó perjuicios en parte a más de 25.000 personas de los 14 municipios afectados por la emergencia. Afirma que el riesgo de este proyecto es sistemático y permanente, y además incierto, sometiendo a las comunidades a no tener definiciones o claridades sobre el devenir en sus territorios.
De igual forma, Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, que agremia a las víctimas del proyecto Hidroituango, afirmó que en la auditoría realizada por la Contraloría también se evidencia que existieron fallas en el censo de población afectada durante el mes de abril y que aún está la alerta roja para las comunidades río arriba del Cauca.
12. Sobre los hechos del desastre, la Contraloría afirmó que el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) que EPM construyó en lugar de las compuertas de los túneles de desviación y que resultó colapsando por un derrumbe y creando la emergencia ambiental ya conocida. “EPM no tenía licencia para la construcción del SAD y cuando la Anla visitó las obras del proyecto, no advirtió nada al respecto pese a que este llevaba para ese momento más del 80% de ejecución” La Anla se dedicó a tapar las irregularidades y los procesos sancionatorios contra la empresa ante la situación han sido paquidermicos.
13. David Racero citante al debate en la Cámra de Representantes denunció la “puerta giratoria” del GEA y EPM. Veamos su intervención completa al final del artículo. https://www.youtube.com/watch?v=cHRtNsvOsY4&t=11s
El debate apenas está iniciando, ya han sido denunciados en la Fiscalía varios actores; ésta seguramente deberá ceder ante la presión de las cortes internacionales. Se pone de presente la necesidad de un debate más amplio y la movilización social para que los verdaderos responsables paguen penal, politica y civilmente.
Los accionistas de Hidroituango:
(cantidad de acciones y porcentaje)
- Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)
30.539.584.791
50,741261%
- Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
27.885.783.007
46,331992%
- Departamento de Antioquia
1.291.495.015
2,145808%
- Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. (CHEC)
85.934.593
0,142780%
- La Nación
46.490.817
0,077244%
- Financiera Energética Nacional S.A. (FEN)
21.619.223
0,035920%
- Accionistas Minoritarios
315.978.185
0,524995%
- TOTAL
60.186.885.631
100,000000%
